Michel Vargas
ACAPULCO. —Abogados litigantes de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje protestaron a las afueras del Palacio Federal para exigir que no sean trasladados los expedientes a la junta federal de Cuernavaca.
En declaraciones, el abogado Pablo César Solís Nava expresó su preocupación por el posible cierre de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en este puerto, lo que podría tener graves consecuencias para los trabajadores de la región.
De acuerdo a Pablo César Solís, este cierre afectaría no solo a los empleados de la propia junta, sino a miles de trabajadores que actualmente tienen sus juicios laborales en trámite.
“Si se cierran las puertas de la junta, muchos trabajadores se quedarán sin empleo y no hay certeza de que vayan a ser liquidados de forma justa”, señaló.
El litigante explicó que son alrededor de 17 a 20 trabajadores los que laboran actualmente en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, por lo que advirtió que el cierre de esta institución impactaría no solo a los empleados directos, sino también a los miles de trabajadores que dependen de los servicios de la junta para resolver sus disputas laborales.
Los trabajadores recalcaron que la reubicación de los expedientes de la junta en otra ciudad, como Cuernavaca, en el estado de Morelos, representaría una carga adicional para los trabajadores, pues aplicarían gastos adicionales para poder resolver sus casos.
“El traslado no solo significaría un gasto extra para los trabajadores, sino también una sobrecarga para las juntas en otras ciudades, que ya están saturadas”, advirtió Solís.
Según el abogado, muchos trabajadores que mantienen sus casos en dicha junta federal, no podrían afrontar los costos adicionales de trasladarse a otra ciudad o pagar los honorarios de los abogados que llevan sus casos, lo que provocaría que abandonaran sus juicios sin una resolución favorable.
“Si se cierra, los trabajadores perderán años de esfuerzo en la resolución de sus juicios”, agregó Solís, quien también recordó que la junta estuvo cerrada por más de un año, lo que ya ha causado un retraso considerable en los trámites legales.
Solís hizo un llamado a las autoridades a considerar el impacto que tendría esta medida en la clase trabajadora de Acapulco, que ya ha enfrentado múltiples dificultades debido a la crisis sanitaria y económica.