MÉXICO. —Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 46 periodistas fueron asesinados, situando a México como el país no en guerra más peligroso para ejercer el periodismo. Además, cinco periodistas desaparecieron en ese mismo lapso, entre ellos Jesús Alberto Camacho, quien fue reportado como desaparecido en 2018 y cuyo cuerpo fue localizado el 28 de octubre de 2021 en un canal de Culiacán. Sin embargo, su identidad no fue confirmada hasta el pasado 19 de febrero de 2025 por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
Este caso refleja la grave crisis en seguridad, procuración de justicia y sistemas de identificación forense en México, así como la indiferencia gubernamental hacia los desaparecidos. Durante el sexenio anterior, se registraron más de 52 mil 500 desaparecidos, casi la mitad de los 115 mil contabilizados desde que se inició el censo en la década de 1960.
Camacho, originario de Hermosillo, desarrolló su carrera periodística en Ciudad Obregón, actualmente dominada por el crimen organizado. Trabajó para medios como El Imparcial, Tribuna del Yaqui y Regional de Sonora, entre otros. Tras más de seis años de incertidumbre, su familia finalmente podrá darle sepultura, mientras que las autoridades continúan ignorando a los más de 52 mil 500 desaparecidos heredados y los 199 mil 661 asesinatos registrados en el mismo periodo.
A lo largo del mandato de López Obrador, las Madres Buscadoras de Sonora, junto con otros colectivos de búsqueda, solicitaron sin éxito reunirse con el presidente. Su petición fue ignorada, a diferencia del caso del general Catarino Erasmo Garza, desaparecido en 1895 en Panamá. Para encontrarlo, el gobierno mexicano envió una comisión de cien marinos, militares y funcionarios en un buque de la Armada, regresando con un “huesito”, mientras que decenas de miles de familias en México siguen esperando justicia y respuestas.
El caso de Jesús Alberto Camacho subraya la impunidad y la falta de acción gubernamental ante la crisis de desapariciones en México, dejando en evidencia la negligencia oficial ante la violencia que azota al país y que sigue cobrando vidas en el ejercicio del periodismo.