En una conferencia de prensa celebrada el pasado viernes en el auditorio municipal de Iguala, el alcalde Erik Catalán Rendón fue cuestionado sobre las denuncias presentadas por trabajadores de confianza del ayuntamiento, quienes aseguran que, desde su ingreso, se les obligó a firmar renuncias anticipadas y a aceptar descuentos quincenales de sus salarios. Estos fondos, según los denunciantes, son utilizados para pagar a personas que trabajaron en la campaña política del alcalde pero que no lograron obtener un puesto en el gobierno municipal.
El alcalde Catalán no solo ratificó las denuncias, sino que justificó los descuentos, argumentando que el dinero recaudado se destina al comité municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Aseguró que sus colaboradores estaban al tanto de esta medida desde el inicio y que los descuentos, que oscilan entre 1,000 y 2,000 pesos mensuales, son ” voluntarios”. Sin embargo, esta práctica ha sido interpretada por algunos trabajadores como una forma de extorsión y abuso de poder.
Además, Catalán admitió que obligó a los trabajadores de confianza a firmar renuncias anticipadas, lo que contraviene las disposiciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que prohíbe a los patrones exigir a sus empleados la firma de renuncias, ya que esto vulnera sus derechos laborales. El alcalde justificó esta medida al afirmar que, si el desempeño de los colaboradores no es satisfactorio, hará valer dichas renuncias.
Según fuentes cercanas al ayuntamiento, los descuentos actuales, denominados “moches voluntarios”, están destinados a pagar a personas que apoyaron la campaña política de Catalán durante las elecciones de 2024, pero que no lograron obtener un empleo en el gobierno municipal. El alcalde defendió esta práctica al afirmar que los trabajadores de confianza están de acuerdo con los descuentos, aunque algunos han expresado su descontento y lo consideran una medida injusta.
Las declaraciones del alcalde abren el debate entre la ética y legalidad de estas prácticas, especialmente en un contexto donde los derechos laborales deben ser respetados. Mientras tanto, los trabajadores afectados exigen una investigación a fondo sobre estas denuncias y que se tomen medidas para garantizar la transparencia y el respeto a los derechos de los trabajadores.