Abogados litigantes y trabajadores de las diferentes áreas del Poder Judicial de Guerrero se pronunciaron en contra de las intenciones del magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez de perpetuarse como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, por los malos manejos de recursos y permitir que siguiera el nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial.
En una carta abierta dirigida a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda; al presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64 Legislatura del Congreso de Guerrero; a las y los Diputados Federales de Guerrero y del Congreso Local; así como a la opinión pública, bajo la condición del anonimato “por miedo a represalias” por manifestar su inconformidad, señalan que el mandato de Casarrubias terminó el pasado 1 de noviembre, y acusaron que su administración ha continuado las viejas prácticas de nepotismo y corrupción al interior del Poder Judicial.
“Condenamos que, tal como lo han publicado varios medios de comunicación, dentro del TSJ existe la intención para que Raymundo Casarrubias prolongue su periodo de manera indefinida contraviniendo lo establecido en la Ley, hasta que se homologue la ley federal sobre la Reforma al Poder Judicial y se haga la elección popular, que sería el próximo año”, indica el documento.
Por ello, lanzan “un enérgico llamado al Pleno del Tribunal que lo conforman los 25 magistradas y magistrados del TSJ, para que, a la brevedad posible, cumplan con su obligación establecida en los artículos 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, que disponen que el presidente del Tribunal Superior de Justicia debe ser elegido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de entre sus miembros en funciones como magistrados”.
Señalan que, además del mal manejo de recursos que derivó en que no se cumplieran las demandas laborales de los trabajadores del Poder Judicial, lo cual provocó protestas y paros de labores durante la administración de Raymundo Casarrubias, rechazan categóricamente busque la reelección, porque ya fue ratificado como magistrado del Tribunal Superior de Justicia por un segundo período improrrogable de ocho años, mediante decreto emitido por la 61 Legislatura del Congreso del Estado, el 11 de mayo de 2017, periodo que finaliza en mayo de 2025.
Por ello, agregan, resulta jurídicamente inviable su reelección como presidente del TSJ, dado que dejará de ser Magistrado en mayo de 2025, lo cual le impediría cumplir con la condición indispensable de ser magistrado en funciones para concluir su periodo como presidente.
Con base en estos argumentos, abogados litigantes y trabajadores del Poder Judicial “solicitamos encarecidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Evelyn Salgado y el presidente de la Jucopo del Congreso local, Jesús Urióstegui, que exhorten al Pleno del TSJ de Guerrero para que cumplan con la ley y en la primera sesión ordinaria de noviembre (de 2024), las magistradas y magistrados elijan al próximo presidente o presidenta del Poder Judicial que durará en el cargo tres años”.