MÉXICO. —El 16 de octubre de 2024, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, fue sentenciado a 38 años de prisión, en una decisión que marca un antes y un después en la justicia mexicana y estadounidense. El juez Brian Cogan, conocido por haber sentenciado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue contundente al equiparar la conducta de García Luna con la de uno de los capos más notorios del narcotráfico. “Usted tiene una doble vida. Viste elegante y dice que respeta la ley, pero su conducta es la misma que la de los criminales”, afirmó Cogan.
García Luna, quien durante años fue considerado un pilar en la lucha contra el narcotráfico, ocultaba una realidad que ha sacudido a México: mientras ejercía su cargo como funcionario público, facilitaba las operaciones de los cárteles. Su condena, que incluye delitos como conspiración para el tráfico internacional de cocaína y falso testimonio ante autoridades estadounidenses, revela la profunda corrupción que permeó su gestión.
Aunque la Fiscalía de Estados Unidos solicitó cadena perpetua, el juez impuso una condena de 38 años, reflejando la gravedad de sus acciones. Entre los delitos por los que fue encontrado culpable destacan:
*Conspiración para la distribución internacional de cocaína
*Conspiración para la importación de cocaína
*Falso testimonio a las autoridades de EE.UU. UU.
*Dirección de una organización criminal
Este fallo no solo es histórico por ser la primera vez que un funcionario de tan alto rango en México es condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, sino que también envía un mensaje claro: la corrupción, cuando se descubre, no quedará impune.
La figura de García Luna, un hombre que proyectaba compromiso con la seguridad pública mientras favorecía al crimen organizado, ahora es símbolo de los peligros que representa la corrupción en el gobierno. Su sentencia es vista como un intento por restaurar la confianza en la justicia, no solo en México, sino también en Estados Unidos, donde este tipo de vínculos entre autoridades y cárteles de la droga son una amenaza constante.
El caso de García Luna es también un llamado de atención para otros funcionarios que puedan seguir su ejemplo. Como señaló el juez Cogan, “es necesaria esta condena para dar un escarmiento a aquellos que facilitan las actividades de los cárteles”.