Jesús Saavedra
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) del municipio de Santa Cruz del Rincón hicieron un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado y a la presidenta Claudia Sheinbaum para que los voltee a ver y los apoye en lo que requiera ese cuerpo de seguridad comunitaria “porque estamos luchando por la paz y contra la inseguridad”.
Los integrantes de la CRAC-PF conmemoraron los 29 años de fundación del sistema de justicia comunitaria en la Costa Chica y la Montaña en Santa Cruz del Rincón en dónde hicieron un homenaje póstumo al sacerdote católico, Mario Campos Hernández quien fue promotor y fundador de este sistema de justicia.
En un pronunciamiento exigieron que se respete plenamente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas en dónde se establece que deben tener los derechos: gozar de los derechos humanos y libertades sin discriminación; tener valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales protegidos; tener sus programas de educación que incluyan su historia, conocimientos, técnicas, y sistema de valores; ser consultados en las decisiones que afecten su desarrollo económico o social”.
Criticaron que la ley 701 publicada el 8 de abril del 2011 en Guerrero denominada Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, pero tuvo una reforma que dejó fuera del marco legal a la policía comunitaria, es decir, le quitaron personalidad jurídica.
Pidieron a los guerrerenses que fortalezcan “este proyecto comunitario dando su aportación moral, servicio social, económico, físico”. Hicieron un llamado al presidente municipal de Santa Cruz del Rincón, Said Olguín Mendoza y su cabildo, aña que apoyen a esta casa de justicia por sus necesidades “especialmente el apoyo con armamento, vestimenta, un dron para la vigilancia aérea del territorio comunitario, 10 cámaras vigilantes para ubicar en lugares estratégicos, una patrulla para el transporte de grupos de policías, cartuchos de diferentes calibres, apoyo económico para gastos internos de la coordinadora”.
Hicieron un llamado al gobierno federal y estatal para que “volteen a vernos y que no criminalicen nuestro sistema de justicia comunitaria. La lucha por los derechos continúa hasta lograrlos plenamente”.