Alejandro Gómez
El rector de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero (UPEGro), Mario Arturo Rivera Martínez, es cómplice por acción y omisión de la represión, hostigamiento, acoso laboral y despido de muchos trabajadores por motivos políticos, porque aún y cuando no se han tenido los elementos jurídicos para rescindir los contratos de trabajo, el directivo ha solapado ese tipo de irregularidades, denunciaron ex docentes que mantienen activas sus demandas laborales por despido injustificado.
Acusaron que en todo momento el funcionario de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ha tenido conocimiento de los listados elaborados desde el área jurídica con los nombres de docentes y administrativos mujeres y hombres que serán despedidos de manera injustificada, así como de los nuevos trabajadores del plantel “palomeados” desde el municipio de Iguala, pero en ningún momento ha tomado cartas en el asunto y por lo tanto el clima de tensión se ha incrementado.
Reclamaron que con la llegada de Martínez Rivera y el resto de empleados del cuerpo de gobierno, ha aumentado el acoso laboral, la vigilancia obsesiva, humillación y persecución hacia el personal con otras militancias partidistas, con la finalidad de propiciar un ambiente de presión y hartazgo para que los docentes y administrativos decidan renunciar o de lo contrario despedirlos de manera injustificada y sin pagarles sus respectivos finiquitos.
De acuerdo con mujeres y hombres que mantienen activas sus demandas laborales por despido injustificado y cuestiones políticas, que derivarían en el desembolso de una fuerte cantidad de dinero para pagar las sentencias, el rector ha dejado de lado su función de dirigir los destinos de la UPEGro para garantizar su recuperación debido a la caída de su matrícula en un porcentaje importante y se ha enfocado en avalar los despidos injustificados y con fijaciones político-partidistas.
Narraron que debido a su obsesión de apropiarse de todos los espacios de la UPEGro, para ser entregados a los promotores del voto guinda que trabajó en campañas proselitistas, el cuerpo de gobierno se ha olvidado de promover la oferta educativa profesional de la institución y ello trajo como consecuencia la disminución en el número de nuevos estudiantes en sus diferentes carreras, ante la mala imagen y la politización del plantel ubicado en la comunidad de Puente Campuzano.
Anticiparon que no aceptarán negociación con el área jurídica de la UPEGro y llegarán a las últimas instancias de sus respectivas demandas laborales, en virtud de que la rescisión de sus contratos se fraguó en el cuerpo de gobierno sin justificación alguna para que sus lugares sean ocupados por incondicionales, “nos dieron un trato indignante y humillante y el rector lo supo; burlonamente nos ofrecían 15 mil pesos como finiquito y eso no se vale, por eso esperaremos las sentencias”.