Jesús Saavedra
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se hagan efectivas y se amplíen las medidas de seguridad a tres hijas y la viuda de Arturo Hernández Cardona secuestrado y asesinado extrajudicialmente en mayo del 2013 en Iguala.
Este martes la Red dio a conocer una carta dirigida a la secretaria de la CIDH, Tania Reneaum Panszi en donde le solicitan que se haga efectiva las medidas de seguridad a María Soledad Hernández Mena, hija de Hernández Cardona y se amplíen esas medidas de seguridad a sus otras dos hijas, Carolina Hernández Mena y Reyna Hernández Mena, así como a su viuda, Carolina Mena Marchan.
El 31 de mayo de 2013 cuando realizaban una protesta en la caseta de la Autopista de Iguala a Taxco fueron privados de su libertad: Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amate Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza, Rafael Banderas y Jimmy Castrejón.
De ellos asesinaron y sepultaron en una fosa clandestina cerca de Mezcala a Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román Ramírez; de ese hecho logró salir vivo, Héctor Delgado Arroyo.
Por esos crímenes fue acusado directamente el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez quien a la fecha sigue en prisión y ha tramitado amparos para salir en libertad.
En ese contexto se realiza esta petición y luego de varios hechos graves como la irrupción y robo de domicilios en Iguala y Ciudad de México de Arroyo Delgado y de los deudos de Hernández Cardona.
En el 2022 la CIDH atrajo el caso de Arturo Hernández Cardona y desde esa fecha hace evaluaciones y recomendaciones al Estado mexicano; en mayo pasado se cumplieron 11 años de esa ejecución extrajuducial y no se ha hecho justicia han reclamado los familiares del fundador del PRD en Guerrero y en Iguala.
Denunciaron sobre la implementación de las medidas de protección a favor de María Soledad Hernández Mena, “se ha hecho de manera ineficiente y únicamente se encuentra activo el botón de pánico y de forma muy irregular; por ejemplo, tiene más de un mes que el botón no le funciona”.
Informaron que el gobierno se había comprometido entre otras medidas a la dotación de un botón de pánico, instalación de equipos de seguridad, rondines domiciliares intermitentes, acompañamiento, escoltas y otros servicios ofrecidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), lo cual no se ha cumplido y por ello decidieron enviar esta solicitud a la CIDH.