Jesús Saavedra
El Comité de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014, acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de extender un “manto protector” al Ejército y que va a continuar con sus ofensas y descalificaciones hacia los organismos de derechos humanos que los asesoran jurídicamente, pues sabe que no va a cumplir el compromiso de saber la verdad y hacer justicia.
Este sábado sesionó la Asamblea Nacional Popular (ANP) en Ayotzinapa y al concluir el Comité emitió un comunicado en donde ratificaron que seguirán en su plan de lucha exigiendo verdad y justicia.
Señalaron que en el nuevo contexto político del país, Morena pretende “erigirse en la nueva hegemonía; vuelve el presidencialismo vertical y la construcción de un partido político de estado dominante que se ha aliado con las élites económicas y los militares, por lo que difícilmente habrá cambios estructurales. La violencia galopante con su estela de miles de desaparecidos y asesinados seguirá, porque las mafias locales y regionales persisten con la complicidad de gobiernos, policías y militares”.
Acusaron a los dirigentes de Morena de llamar “conservadores a aquellos caminan por una ruta de lucha independiente y desde abajo; organizaciones populares campesinas, sindicales, estudiantiles y de la sociedad civil son llamados intermediarios, siendo blanco de ataques y vituperios del poder presidencial”.
Afirmaron que en México, “ninguna lucha de izquierda que se emprende de manera independiente y desde abajo es válida, para la nueva élite política, todos son conservadores. Para ellos la única forma de participación válida es dentro de las coordenadas de Morena y a través del sufragio”.
Afirmaron que las elecciones locales “se ganan con dinero, terreno fértil para los grupos delictivos que se enquistan en las estructuras del estado. En esta contienda electoral ganaron. En Guerrero más de cinco ayuntamientos serán gobernados por grupos de la delincuencia organizada. En este entramado delictivo la participación electoral pierde fuerza y legitimidad y a largo plazo tendrá consecuencias funestas para la democracia”.
Indicaron que en el gobierno de López Obrador “las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra sucia y el caso Ayotzinapa no se esclarecieron en este gobierno por el manto de protección al ejército mexicano”.
Denunciaron que el Ejército “siempre ha estado del lado de los oligarcas, los Jerarcas militares tiene una visión clasista y elitista, más preocupados por realizar tareas de contrainsurgencia y contener las luchas de izquierda que velar por la seguridad nacional.
En nuestro caso, este gobierno no pudo dar verdad y justicia. A la fecha no sabemos el paradero de nuestros hijos. Las investigaciones avanzaron hasta el año 2022”.
Recordaron que ese año se procesaron a 20 militares “y se exigió una investigación contra ellos empezaron las tensiones con el presidente, López Obrador. La Comisión para la Verdad y el Accesos a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA) fueron desmantelados y sus titulares renunciaron en medio de las presiones y hostigamiento militar, prueba de ello es que el propio Alejandro Encinas ha sido citado para ser interrogado por los militares”.
Acusaron al presidente de empecinarse “en generar un falso de debate de un supuesto intervencionismo extranjero y de las organizaciones de derechos humanos que han obstaculizado el caso, como una mera justificación de su fracaso en las investigaciones del caso Ayotzinapa”.
Ratificaron que de aquí a septiembre “no habrá novedades y avances del caso, en el tiempo que le resta al presidente, lo único que veremos en las mañaneras serán los vituperios contra de nuestros abogados; nada de verdad y justicia habrá, nada de nuestros hijos”.
Afirmaron que hay pruebas para acusar al Ejército y enlistaron que “un soldado fue infiltrado en la Normal de Ayotzinapa, existen documentos militares que aprobó los cursos y exámenes como agente de contrainteligencia y que su inmediato superior informó de su desaparición el día 29 de septiembre de 2014”.
Además que la noche de la desaparición de los 43, “dieron seguimiento a nuestros hijos desde que llegaron a Iguala hasta su desaparición; intervinieron llamadas de los perpetradores como la de los 17 estudiantes que están siendo trasladados de barandilla municipal; hay varios datos de prueba establecen que mandos militares del 27 Batallón tenían vínculos delictivos con el grupo delictivo Guerreros Unidos y un testigo protegido declaró que varios estudiantes fueron detenidos por los militares, ingresados al 27 Batallón y entregados a Guerreros Unidos”.
Por ello aseveraron que esas “pruebas no dejan lugar a dudas que los militares tenían vínculos con el grupo delictivo responsable de cientos de desaparecidos en Iguala, supieron del movimiento de los estudiantes desde su salida de la normal hasta su desaparición y participaron en la detención de los jóvenes, en tal virtud, corresponde al gobierno probar la plena participación del ejército y no invertir la carga de la prueba a las madres y padres de los 43”.