“La reforma al poder judicial sería un retroceso a la política pública y a las instituciones gubernamentales”, así lo señaló el presidente de la Barra Interamericana de Abogados, Rubén Pacheco Inclán.
Durante su participación en la sesión ordinaria del Grupo ACA, en donde participó con la ponencia “Reforma Constitucional en materia de Justicia”, Pacheco Inclán recalcó que el planteamiento central de esta reforma era que el poder ejecutivo no concentrara tanto poder que lo dejara sin oposición en los otros dos poderes.
Situación que aseguró no ayudaría a la sociedad y sobre todo a las instituciones gubernamentales, ya que se tendría que generar un equilibrio entre los poderes y eso daría la seguridad de poder generar un estado democrático.
“El planteamiento central era que el poder ejecutivo no concentrará tanto poder que no tenga oposición en los otros dos poderes, se suponía, ese es el objetivo que debía generar un equilibrio entre poderes y que justamente eso diera la seguridad a poder tener un estado democrático y que fuese uno de los poderes como hasta ahorita lo era el Poder Judicial y aquí lo que se identifica esta reforma es que es un retroceso terrible para nuestra política y las instituciones”, señaló.
Destacó que para el mes de octubre se espera una mayoría calificada directa en el congreso y lo que en su caso podría identificarse como una sobre representación sería aprobada y quedaría un Congreso totalmente definido por un partido político, situación que no ayudaría a generar una mayor participación ciudadana.
En otros temas, al ser cuestionado sobre la posible elección y voto popular de jueces y magistrados en el Poder Judicial indicó que esta medida sería viable siempre y cuando se realicen filtros bien definidos por las autoridades pues se debe entablar límites de seguridad de quienes llegarían a ser ministros o integrantes del Consejo de la Judicatura, por lo que calificó como “normal y aceptable” la desconfianza de la ciudadanía ante esta situación.
Finalmente a los Congresos locales y federales a que se realice una verificación exhaustiva de cada uno de los posibles candidatos para así evitar que lleguen personajes afines a grupos delictivos lo que podría resultar en una daño a la sociedad.