Jesús Saavedra
En un recuento que hizo la organización Artículo 19 arrojó que Guerrero es la segunda entidad del país en donde más agresiones a periodistas se cometieron el año pasado y donde se registra el asesinato del periodista de “Lo Real de Guerrero”, Nelsón Matus Peña.
Este miércoles esa organización defensora de los derechos de los periodistas y que documenta agresiones al ejercicio periodístico, rindió un informe de la violencia el año pasado en el contexto del inicio de un proceso de campaña a partir de este viernes.
Explicaron en su informe que en 2023 registraron 561 agresiones contra la prensa, “lo que significa que en México, en promedio, se agrede cada 16 horas a una persona periodista o medio de comunicación en el marco del ejercicio de su labor”.
En esa cifra se incluye la desaparición de Juan Carlos Hinojosa Viveros en Nanchital, Veracruz, cuyo paradero se desconoce hasta el momento.
Además de los asesinatos de 5 periodistas “con un posible vínculo a su labor periodística” y son: Marco Aurelio Ramírez Hernández en Puebla, Luis Martín Sánchez Íñiguez en Nayarit, Nelson Matus Peña en Guerrero, Jesús Gutiérrez Vergara en Sonora e Ismael Villagómez Tapia en Chihuahua.
Explicaron que de acuerdo a la documentación de organizaciones internacionales sobre libertad de expresión, “fuera de Israel y los territorios ocupados de Palestina, con los asesinatos aquí registrados, se seguiría colocando a México como uno de los países más letales para ejercer el periodismo en el año 2023”.
En el informe indicaron que las tres categorías de agresiones más documentadas en el 2023 fueron: intimidaciones y hostigamientos; el uso ilegítimo del poder público, principalmente a través de la estigmatización y el acoso judicial; así como las amenazas tanto en la esfera física como digital.
Informaron que el Estado mexicano “sigue siendo el principal agresor de la prensa, con 287 casos de violencia documentada y representa el 51.16 por ciento del total. Le siguen particulares con 95 casos, grupos de delincuencia organizada, con 57 casos y 25 casos de agresiones provocadas por partidos políticos.
De las 287 agresiones por parte del Estado Mexicano, son los funcionarios públicos civiles quienes, en 204 ocasiones agredieron a la prensa, principalmente a través del uso ilegítimo del poder público y las intimidaciones. Le siguen las fuerzas de seguridad civiles (fuerzas policiales o guardias de seguridad contratados por funcionarios) con 75 casos. Cabe resaltar que las fuerzas policiales fueron responsables de al menos 15 lesiones a periodistas, así como 10 detenciones arbitrarias.
Detallaron que la violencia contra la prensa “continúa siendo una constante en todo el territorio nacional, pues 29 de las 32 entidades federativas documentaron agresiones contra la prensa en 2023. Sólo los estados de Hidalgo, Querétaro y Zacatecas no documentaron alguna agresión. Por el contrario, los cinco estados de la república con más agresiones fueron Ciudad de México, con 115 agresiones, Guerrero con 48, Puebla con 39 casos, Guanajuato con 38 casos, y Veracruz con 36”.
“Guerrero: ocupó el segundo lugar con 48 ataques, que representan el 9 por ciento del total; sin embargo, es de particular atención que dicha entidad haya pasado del sexto lugar en 2022 a la segunda posición en tan solo un año. Es de gran preocupación en la entidad el alza a la violencia, particularmente con respecto a casos vinculados a la delincuencia organizada, como lo fueron las privaciones a la libertad de periodistas y los ataques armados”, agregaron.
En sus conclusiones del informe de Artículo 19 señalaron que la violencia contra la prensa “es un fenómeno complejo el cual involucra múltiples actores, y que varía en cada región del país. En cierta medida, la violencia contra la prensa es un reflejo de otros fenómenos de violencia sociopolítica tanto en contextos locales como nacionales. Los mecanismos de criminalidad compleja, donde convergen poderes económicos, públicos y criminales, y en los que la prensa enfrenta todo tipo de ataques (inclusive letales); no fueron mínimamente desarticulados ni llevados a cuentas ante las instancias de justicia durante la presente administración”.
Advirtieron que este año “se perfila como un año particularmente difícil para la labor periodística. Como ha sido documentado por Artículo 19, en los procesos electorales se materializan grandes tensiones políticas en las cuales periodistas y medios de comunicación se encuentran vulnerables. Ejemplo de esto es que en el año 2018, prácticamente 2 de cada 5 agresiones contra periodistas ocurrieron en el marco de su cobertura electoral”.
Y por ello recordaron las obligaciones del Estado mexicano “de respeto, prevención, protección e investigación de ataques contra el ejercicio periodístico”.