Gilberto Guzmán
El cierre de la Universidad Americana de Acapulco (UAA) con el argumento de las afectaciones provocadas por el huracán ‘Otis’,afecta a unos mil 500 alumnos, aunque el trasfondo es que la institución fue vendida desde antes y aun así la administración que encabeza el rector Mario Mendoza Castañeda, les cobró alrededor de 40 mil pesos por el semestre, lo que se puede clasificar como fraude y por lo cual se preparan acciones legales, reveló la diputada Leticia Castro Ortiz.
En entrevista radiofónica informó que el pasado jueves encabezó una reunión con alumnos, exalumnos, padres de familia e integrantes de la sociedad civil para dialogar sobre el cierre de la UAA y la incertidumbre respecto a qué pasará con el derecho de la educación de los jóvenes, cuya capacitación profesional quedará truncada.
La reunión se realizó en la entrada principal del campus de la Universidad Americana, en la Costera Miguel Alemán, con la asistencia de más de 200 personas, entre alumnos, exalumnos, padres de familia y sociedad civil que expresaron su desilusión, incertidumbre, enojo y molestia por el cierre de la institución, que genera complicaciones en la situación académica, y a quienes estaban en proceso de titulación o no tienen respuesta para que les den sus constancias de calificaciones o cualquier documento para poder revalidar materias en otras instituciones, e incluso lo relacionado con la planta docente.
Leticia Castro agregó que se lograron acuerdos inmediatos como una próxima reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha mostrado preocupación por los jóvenes y por garantizar el derecho a la educación de los de los guerrerenses, así como pedir el acompañamiento de autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Educación Guerrero y otras entidades involucradas eneste problema educativo en el Estado, particularmente en Acapulco.
Agregó que desde la SEG se ha comenzado a respaldar a los estudiantes para que el rector de la Universidad Americana de Acapulco autorice la entrega de constancias para que puedan buscar espacios en otras escuelas, y en algunos casos analizar si se les pueden dar clases en línea.
“Pero definitivamente los alumnos no quedaron satisfechos, porquesabemos perfectamente que los programas de estudio de gran parte de las licenciaturas que se dan en la Universidad Americana son programas de la UNAM y las universidades que hay aquí en el Estado no tienen esos programas ni esa incorporación, así que va a ser un poco complicado”, comentó.
Sin embargo, reveló la diputada, en la reunión del jueves los alumnos expresaron su molestia porque “definitivamente, el rector (Mario Mendoza Castañeda) les dijo que él no era responsable de su situación académica, que ellos estaban en la libertad de poderlo resolver y que se olvidaran definitivamente de que la Universidad Americana de Acapulco nuevamente abrirá sus puertas; esa molestia fue la se estuvo manifestando recurrentemente en la reunión, por eso sé que vamos a ejercer acciones inmediatas porque no se puede pasar mucho tiempo sin que los jóvenes queden sin estudiar”.
La diputada advirtió que si los jóvenes pierden el semestre que está por concluir, y si no les dan sus documentos, perderían todo el ciclo escolar, lo que afecta la economía de las familias y el derecho a la educación de los jóvenes.
Explicó que aunque la Universidad Americana de Acapulco es propiedad del Gobierno del Estado, hay conocimiento de que en el plano administrativo fue vendida, por lo cual es necesario llamar a la empresa que la haya comprado y al propio rector para que respondan por los actos en perjuicio de los estudiantes y de sus padres.
“Cobraron colegiaturas sabiendo que se iba a cerrar la Universidad y entonces eso implica una acción penal que se tenga que ejercer en contra de quien resulte responsable”, advirtió Castro Ortiz, de profesión abogada.
Agregó que ante la venta de la UAA, los daños causados por el huracán Otis en las instalaciones habrían sido solo un pretexto para cerrarla: “Efectivamente, así fue. No es posible que un huracán logre el cierre de una institución educativa que por más de 30 años venía funcionando perfectamente bien en Acapulco. Lo que sucede es que bajo este argumento se cerró, pero la mayor parte de lo que expresaron los padres de familia dijeron que esa universidad tuvo muy malos manejos en su administración y sobre todo en el aspecto financiero. Así es que hay gente muy molesta que pagó su semestre completo, más de 40,000 pesos, y que al día siguiente supieron que la Universidad ya se había cerrado, entonces, ¿por qué recibieron ese dinero y dejaron en un estado de incertidumbre a la mayor parte del alumnado y padres de familia, que han hecho un esfuerzo para darle un servicio de calidad a sus hijos. Eso no se vale”.
Apuntó que el rector, Mario Mendoza, quiere quitarse la responsabilidad con un dictamen que supuestamente le dio Protección Civil para que ya no pueda responder a responsabilidades que le corresponden como representante de esta universidad, lo cual no van a permitir porque los padres de familia están siendo asesorados para ejercer acciones legales.
Castro Ortiz lamentó que a los daños materiales que sufrieron las familias de Acapulco por el huracán ‘Otis’, se sumen las afectaciones en su economía que les provoca el que sus hijos no puedan continuar con sus estudios, y que nadie quiera hacerse responsable del dinero que pagaron, por lo cual se recurrirá a acciones jurídicas.
Mencionó que el cierre de la UAA afecta a alrededor de 1,500 alumnos, que representa una afectación de 60 millones de pesos que les cobró la institución sabiendo que habían vendido y que en algún momento iban a cerrarla.
“Eso está tipificado por la ley penal y se puede considerar o calificar como un delito de fraude; entonces, el rector sabe perfectamente lo que tiene encima por esa responsabilidad o irresponsabilidad que se quiere sacudir, pero no lo va a lograr porque ya se están llevando a cabo acciones para eso”, concluyó.