POR: RAÚL SALGADO LEYVA
La crisis social y política vivida en días recientes en el Estado de Nuevo León, independientemente de los desencuentros, agravios y atropellos que abundaron, ofreció crudas lecturas sobre la pobreza y el bajo nivel de cómo muchos tratan de interpretar el ejercicio de la política.
Un gobernador inmaduro, atrevido y sin escrúpulos abandona su entidad a los 2 años de los 6 comprometidos y se lanza a la candidatura por la Presidencia de la República, peleando caprichosamente por asegurar que el interinato sea asumido por un personaje incondicional y de su exclusiva confianza, cuando la Constitución Política Local manda que esta atribución es responsabilidad única del H. Congreso de esa entidad.
Nuevo León vivió durante 48 horas momentos cruciales en su estabilidad política; la presencia de dos gobernadores que se autoproclamaron como mandatarios de esa entidad: Samuel García, que habiendo pedido licencia por 6 meses, decide arrebatadamente a los dos días reasumir su función, y por el otro, Luis Enrique Orozco, designado por la Cámara de Diputados como Gobernador Interino por seis meses para hacerse cargo del Gobierno del Estado, con la disposición de cumplir con el mandato de ley.
Al final, prevaleció la ley; y en un acto de alta moralidad política, el Gobernador Interino, Luis Enrique Orozco, renunció al cargo para facilitar el regreso urgente a la normalidad y estabilidad del Estado.
Esta decisión lo ubicó en el plano de alta estatura moral, en actitud coincidente con otro destacado político, Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, quien asumiéndose como joven y prometedor cuadro del Movimiento Ciudadano, precisó con sensatez política que los tiempos para los retos del futuro reclaman madurez, experiencia y mayor capacidad.
En esta desaseada y vergonzante lucha interna por el poder, azuzada según afirman los analistas, desde las altas esferas oficiales, surgió la oportuna y responsable actitud del hasta ahora órgano independiente de arbitraje y autonomía legal: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aunque combatida y agraviada es hoy la única institución libre y garante de los supremos derechos de todos los mexicanos.
Sin dejar de reconocer lo imperceptible que pudiera parecer nuestro Sistema Nacional de Justicia ante la presencia de la inmoralidad de algunos agentes de ministerios públicos, jueces y hasta magistrados; sin embargo, no todo el aparato debería merecer la desmesurada calificación de deshonestos y corruptos y mucho menos pensar en reformas caprichosas al Poder Judicial, alentando la idea de que jueces y magistrados tendrían que ser electos en urnas, cuando la delicadeza de estos encargos exige alta honorabilidad profesional, experiencia y reconocido desempeño ético.
En Nuevo León prevalecieron, por encima de la desmesura, la inmadurez y la pobreza en el manejo de la práctica política, los acuerdos y consensos, que son los que contribuyen a la construcción de la armonía, sensatez, equilibrio y prudencia.
Estamos ante los prolegómenos de una lucha electoral que se avizora cruel, intensa y complicada, lo que obligaría a todos a entender contundentemente que “la ley sí es la ley”.