La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) conmemoró su vigésimo octavo aniversario en la comunidad indígena Totomixtlahuaca, ubicada en el municipio de la región de La Montaña en Guerrero, México.
En un evento que reunió a comunidades de las Casas de Justicia de la CRAC-PC en El Paraíso, Ayutla; Espino Blanco, Malinaltepec; y San Juan Escalerilla, Zapotitlán Tablas, se presentaron exigencias directas al gobierno federal. En particular, se demandó la cancelación de 50 concesiones mineras otorgadas a empresas extranjeras de Canadá e Inglaterra en territorio comunitario de La Montaña.
Además de esta demanda, los pueblos indígenas me’phaa y ñuu savi anunciaron su determinación de emprender una lucha conjunta en busca de seguridad y justicia, la obtención de la categoría de dueños de la propiedad ancestral, la libertad en autogobiernos, la representación en los tres poderes del Estado y el compromiso de detener la venta de niñas y los matrimonios forzados en la región de La Montaña.
Para celebrar estos 28 años de la CRAC-PC, se llevaron a cabo mesas de trabajo que se desarrollaron durante el fin de semana en Totomixtlahuaca. El domingo, una marcha y un mitin político congregaron a más de 1,500 personas, incluyendo miembros de la Policía Comunitaria y autoridades de las comunidades. Representantes de 40 comunidades de Ayutla, Malinaltepec, Zapotitlán Tablas y Tlacoapa participaron en las discusiones y los acuerdos.
Los temas debatidos incluyeron la elevación del sistema de seguridad y justicia de la CRAC a rango constitucional, la consideración de los pueblos de la Costa Chica y La Montaña como dueños de la propiedad ancestral, la prevención de las concesiones mineras y la solicitud al Congreso para agilizar la reforma a la ley indígena.
También se solicitó la creación de nuevos municipios en Guerrero y se acordó desarrollar estatutos comunales o ejidales de la Policía Comunitaria en las comunidades donde opera la CRAC-PC para prohibir actividades mineras y evitar la venta de tierras a particulares.
En el ámbito de la justicia comunitaria, se establecieron compromisos para prevenir y erradicar la venta de niñas y los matrimonios forzados. Se hizo un llamado a las autoridades comunitarias a fomentar y respetar la participación de las mujeres en asuntos de género. Asimismo, se acordó incluir en el reglamento de la CRAC-PC el derecho al aborto dentro de las 12 semanas de gestación, sin consecuencias legales, así como el delito de feminicidio y la promoción de liderazgo femenino en el territorio comunitario.
Este evento representa un paso significativo hacia la consolidación de derechos y justicia para las comunidades indígenas en Guerrero. Se espera que estos acuerdos fomenten la autonomía y el bienestar de estas comunidades en el futuro.