Jesús Saavedra
El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio en contra de la Minería y de la Reserva de la Biósfera (CRAADET), denunció que autoridades y tribunales agrarios federales violentan “sistemáticamente nuestros derechos agrarios, así como desconocer y quebrantar nuestros derechos indígenas, afromexicanos, así como de las y los campesinos”.
Señalan de manera directa a funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA), del Registro Agrario Nacional (RAN) y del Tribunal Unitario Agrario (TUA), quienes “de forma sistemática” rechazan y no aceptan los acuerdos a los que llegan las comunidades afiliadas a este Consejo. “El RAN rechaza registrarlas cuando de forma unánime nos oponemos al modelo extractivo minero”, afirman.
Informan que también han hecho el esfuerzo de “reformar y actualizar nuestros reglamentos internos en el caso de los ejidos y nuestros estatutos en el caso de los bienes comunales, en donde incorporamos de manera amplia todo el marco de los derechos que tenemos vigentes y que de forma cínica niega el RAN”.
Acusan que cuando el RAN “niega el registro de nuestras actas y de nuestros reglamentos internos o estatutos comunales, de facto no sólo facilita las condiciones para el potencial ingreso de empresas nacionales, extrajeras y transnacionales como las empresas mineras y otras relacionadas al modelo extractivo como las desarrolladoras de medicamentos que desean nuestra biodiversidad, sino también viola de forma fáctica el derecho al ejercicio de nuestra libre determinación y de nuestros procesos autónomos que han sido signados y están descritos tanto en la Constitución, como en la misma ley agraria y varios tratados internacionales”.
Explican que este miércoles acudieron al RAN en Chilpancingo para entregar un nuevo paquete de actas, reglamentos y estatutos de varios núcleos agrarios, “un paquete que básicamente está orientado a protegernos del mercado depredador de las empresas mineras, así como también de quienes quieren nuestros bosques, nuestra biodiversidad y nuestra agua. Lo único que queremos es que respeten nuestros derechos, que no se entrometan con nuestra libre determinación y nuestra autonomía, que dejen hacer nuestro trabajo en defensa de la tierra ya que la procuraduría se ha negado a hacer el trabajo que le corresponde”.
Advierten que si continúan en esa actitud, “solicitaremos la renuncia de todos ellos y ellas hasta que las instituciones sirvan para lo que deben ser y dejen ser artífices del despojo de la tierra y nuestros cultivos, el territorio y los bienes naturales que tenemos”.
Denuncian que ha pasado más de un año desde que los ejidatarios de San Miguel del Progreso entregaron sus estatutos en su idioma Mè’phàà “a pesar de que el procedimiento dice que en 90 días el RAN entregarían la resolución, esta sigue empantanada, olvidada y quizás archivada evidenciando, no sólo el incumplimiento de sus propios procedimientos sino mostrando desdén, discriminación y racismo”.