Jesús Saavedra/Redacción
El presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas Rodríguez, reiteró que la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, hace 9 años, es un crimen de Estado porque funcionarios de los 3 órdenes de gobierno, incluidos mandos del Ejército, tuvieron conocimiento de lo que les ocurría a los estudiantes y después, durante la investigación, realizaron acciones concertadas para ocultar la verdad.
Además, adelantó que trabajan en un “mecanismo de seguimiento” en caso de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no cumpla el compromiso de conocer la verdad de lo que les ocurrió a los normalistas, y confirmó que el aspirante a ser candidato de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, participó en reuniones con autoridades del más alto nivel en las que se construyó la llamada ‘verdad histórica’, que constituye una segunda desaparición de los estudiantes.
Al presentar este miércoles el Segundo Informe de la Presidencia de la CoVAJ, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que un juzgado federal concedió un amparo al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, que le prohíbe citar su nombre en las conferencias públicas que haga del caso.
Encinas Rodríguez explicó tres hipótesis que han elaborado a partir de la información que tienen para explicar la desaparición de los 43 normalistas: que hubo confusión en el grupo criminal Guerreros Unidos por una presunta infiltración de sus adversarios ‘Los Rojos’entre los normalistas, en el marco por la disputa de la plaza de Iguala.
La otra hipótesis es que se dio un “escarmiento” a los normalistas por las protestas que realizaron meses antes contra el presidente José Luis Abarca Velázquez, luego de la desaparición y asesinato de los dirigentes del Movimiento Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera.
Y la tercera es que uno de los autobuses que habían tomado en la central de Iguala, llevaba droga o dinero producto de las actividades criminales de Guerreros Unidos.
Además defendió los procedimientos de investigación de la Covaj y aseveró que hay un “trabajo diligente” para judicializar la información, además que reveló que hay 30 testigos protegidos que están colaborando para esclarecer el caso.
Reiteró que Guerreros Unidos tenía cooptación de autoridades de Seguridad Pública y de combate al narcotráfico, y mencionó a las policías de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco, Huitzuco, la Policía del Estado, Ministerial y de la Federal Preventiva, además de mandos militares.
Indicó que las autoridades federales, estatales, municipales y militares tenían conocimiento de las actividades de los normalistas y que incluso se les daba seguimiento.
Aseguró que a los 43 estudiantes “se les separó al menos en tres grupos y fueron llevados a diferentes lugares, nunca estuvieron juntos y nunca fueron incinerados en el basurero de Cocula, como sostiene la ‘verdad histórica’”, pero no hay evidencia que los normalistas tuviesen relación con algún grupo criminal.
Dijo que se ha identificado a 434 actores relevantes de este caso, de los cuales 109 son de grupos delictivos, 105 son de GU; 125 policías municipales de la zona Norte de Guerrero, y 39 elementos de fuerzas armadas.
Informó que hay 132 personas detenidas, 41 de GU, 71 policías de distintas corporaciones, el exprocurador Murillo Karam, el extitular de Unidad Especializadas contra el secuestro, un exministerio público federal, el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez; el exalcalde de Iguala y su esposa, así como 14 elementos del Ejército, entre ellos dos generales.
Dio a conocer que en el último año se han detenido a 35 personas, entre ellas a 2 exfuncionarios de la PGR, 14 elementos del Ejército, 8 policías del Estado, 3 policías de Iguala y 8 policías de Huitzuco.
Que quedan 51 órdenes de aprehensión por cumplimentar contra 16 sicarios de GU, 3 funcionarios de gobierno, 6 elementos del Ejército, 9 militares, 4 estatales, 4 policías de Iguala y 18 de Huitzuco.
Añadió que se han realizado 38 acciones de búsqueda en 9 municipios, donde se han realizado 25 hallazgos, 32 cuerpos recuperados, centenares de restos óseos incinerados, 34 indicios balísticos y de prendas de vestir. “De acuerdo al modus operandi de este grupo no estamos buscando fosas clandestinas, estamos tratando de localizar restos óseos calcinados”, precisó.
Encinas Rodríguez indicó que se han encontrado 498 restos desde 2014 al 2023, se han logrado la identificación de 47 personas, “ninguno corresponde a los 43 estudiantes desaparecidos”, y que solo están identificados los restos de los normalistas de Alexander Mora Venancio localizado en el río San Juan en octubre del 2014; Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero.
Explicó que están por mandar a analizar 120 restos óseos que encontraron en el paraje Las Cuevillas, en Apetlanca, municipio de Cuetzala del Progreso; otros restos que se localizaron en el paraje la Sierpe de Iguala.
“Nos falta encontrar 40 estudiantes, es la prioridad continuar con las labores de la búsqueda”, señaló.
Acusó que la ‘verdad histórica’ que se estableció en el gobierno de Enrique Peña Nieto “es la construcción desde el gobierno federal buscando legitimar una falsa verdad de los hechos, que buscaban el cierre de las investigaciones y dar carpetazo al caso”.
Ene se sentido, confirmó que el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García —quien entonces era comisario de la Policía Federal en Guerrero—, sí participó en reuniones al más alto nivel para confeccionar esa ‘verdad histórica’.
Encinas Rodríguez también reveló que trabajan en la creación “de un mecanismo que dé seguimiento” a las investigaciones del Caso Ayotzinapa, “independientemente del cambio de gobierno”, para “garantizar saber qué paso, conocer el paradero de los estudiantes, garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia”.
También negó que haya un distanciamiento con los padres de los normalistas y adelantó que muy pronto se reunirán de nuevo con ellos.
Consideró, como lo hizo desde agosto del año pasado, que en la desaparición de los 43 normalistas el principal responsable fue el Estado, porque “las autoridades federales, estatales y municipales del más alto nivel fueron omisas y negligentes. Existen elementos suficientes para presumir que se alteraron hechos, evidencias y circunstancias para crear una conclusión ajena a la verdad”, precisó.