Un año después de su renuncia a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo aseguró que en las investigaciones por el caso Ayotzinapa, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ordenó proteger al Ejército y altos mandos de la FGR y otras dependencias estatales y federales, relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas.
Asimismo, señaló que el Ejército mexicano está involucrado con el narcotráfico de manera directa, y que se les venden armas y dan capacitaciones de combate a quienes generan violencia en el país.
En entrevista con Quinto Elemento, Omar Gómez habla sobre la investigación que encabezó desde la Fiscalía General de la República (FGR) por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, en septiembre de 2014.
Señala que a pesar de que trató de limpiar la FGR de trabajadores involucrados en el caso, quienes trataron de excluir a otros funcionarios que también participaron, existen personas que lograron filtrarse y cercaron su investigación.
Explica que su llegada a la FGR como titular de la UEILCA se encontró con trabajadores que trataron de cercar su investigación y obstaculizar el hallazgo de la verdad sobre la desaparición de los normalistas.
Por ello, señaló el exfuncionario, poco a poco comenzó a correr personal del departamento en donde trabajaba, o pasarlos a otras áreas, no obstante, llegó un punto en donde su investigación se vio más obstaculizada, pues los mismos trabajadores participaron en el crimen en contra de los estudiantes.
“Éramos como un oasis en medio del desierto, en una institución con una cultura arcaica: fueron personas de esa misma institución quienes participaron en los hechos delictivos (del caso Ayotzinapa)”.
Explicó que fue durante la investigación se llegaron a encontrar nombres de altos mandos de instituciones se seguridad o servidores públicos, pero “había ciertas limitaciones cuando llegara a encontrarse (en la investigación) un alto mando o un servidor público vinculado a una organización (estatal) de renombre. Intervinieron (en las torturas y mentiras) muchos servidores públicos de muchas esferas, altos mandos que no habían sido judicializados antes”
Recordó que una ocasión, los funcionarios de la FGR se negaron a analizar el audio de los videos entregados por el CISEN, en donde se pudo constatar que existía conocimiento y apoyo de Sedena, la FGR y la Marina en la desaparición de los estudiantes.
Por ello, tuvieron que acudir a especialistas de España, quienes, al haber capacitado a trabajadores de la FGR, lograron señalar quiénes eran los personajes de las voces que estaban en los audios de los videos entregados.
Debido a la investigación que realizó, uno de los personajes que se logró acusar por involucramiento en el caso Ayotzinapa, fue a Ignacio Mendoza Gandaria, un mando del CISEN que participó en la tortura de los acusados en la llamada ‘verdad histórica’ de Jesús Murillo Karam.
No obstante, la orden de aprehensión en su contra no se pudo cumplimentar por “instrucciones” de arriba, porque el sujeto habría sido promovido en el CNI, y cuando se enteraron de su participación en el caso “hicieron un cabildeo en todos lados para que no llegara a la justicia.”
“La crisis, crisis, crisis empieza porque se va a judicializar a una persona, y esa persona es del Cisen. Y la crisis empieza en noviembre del 21, porque incluso desde dentro de la misma fiscalía se da la orden de que no se judicialice estando los elementos”, explica.
Omar Gómez también revela que cuando él viajó a Israel para solicitar la extradición de Tomás Zerón, al mismo tiempo el presidente decretó que la Guardia Nacional se uniría a Sedena, y fue cuando su investigación se paralizó.
Señala que en ese entonces la unidad a su cargo ya había girado 83 órdenes de aprehensión en contra de militares y más funcionarios, pero el titular de la FGR le señaló que debía paralizar su investigación y ordenó una auditoria de la investigación que tenía hasta el momento.
Explica que de un día a otro, las órdenes de aprehensión fueron canceladas, tras tener durante algunos días a abogados que revisaron los expedientes en donde parecía, según dijo, querían encontrar algo en específico.
Señala que la cancelación de 21 de las 83 órdenes de aprehensión fue ordenada por Sara Irene Herrerías Guerra, la fiscal especializada en Derechos Humanos, y Adriana Campos López, fiscal especializada de Asuntos Internos. Esas órdenes eran en contra de militares.
Gómez Trejo, quien se encuentra refugiado en Estados Unidos, dijo que la obstaculización de sus labores, el dejarlo sin equipo y la auditoria, ocurrieron porque judicializó a una cantidad alta de militares,y así se lo habría explicado Alejandro Encinas.
“Le digo: yo no sé qué está pasando. Y después me dice: es porque judicializaste a militares. Le digo: pero esa fue la petición. O sea, sí hubo una petición, nosotros estábamos listos para judicializar y lo hicimos. Pues no fue así, (dijo) porque te excediste en cuanto al número de militares. Al final me explicaron que al parecer no se pusieron de acuerdo entre las distintas instancias que tomaron esos acuerdos”, señala.