- “Es técnicamente imposible continuar con nuestra labor, mientras la Sedena no muestre apertura para llegar a la verdad y se haga justicia”, reprochan Ángela Buitrago y Carlos Beristain al presentar su último informe sobre el Caso Ayotzinapa
- Revelan algo inédito: según informes del Ejército, el cuerpo del normalista Juan Carlos Mondragón fue encontrado en Mexcaltepec, municipio de Taxco, y no en la ciudad Industrial de Iguala, como oficialmente se informó
Jesús Saavedra
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “oculta intencionalmente” información que posee sobre lo que sucedió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “lo cual impide seguir trabajando para llegar a la verdad”, denunciaron Ángela Buitrago y Carlos Beristain, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) antes de concluir sus investigaciones sobre el caso y retirarse de México.
Además, revelaron que hay serias contradicciones sobre lo que ocurrió al normalista Julio César Mondragón Fontes, quien fue asesinado y encontrado desollado el 27 de septiembre de 2014, porque hay tres versiones del Ejército sobre el lugar y hora en que fue localizado.
Explicaron que tuvieron acceso a un documento del ‘COI’ del Ejército fechado el 27 de septiembre del 2014, que fue redactado y despachado en la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, en el cual se muestran dos fotografías del cadáver del estudiante y se informa que fue hallado en Mexcaltepec, municipio de Taxco, a pesar de que oficialmente fue encontrado en la colonia Industrial, en la periferia de Iguala.
La Sedena “tiene una intencionalidad de negar información que evita llegar a la verdad”, reprochan los especialistas
Este martes, los dos integrantes del GIEI presentaron un último informe público en la Ciudad de México, en el que anunciaron que este miércoles se reunirían con los integrantes de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), para después salir de México, porque “es técnicamente imposible continuar con nuestra labor, mientras la Sedena no muestre apertura para llegar a la verdad y se haga justicia”.
Ángela Buitrago explicó que este último informe se basa en un análisis técnico de 2 mil 800 llamadas hechas al C4 de Iguala y se centra en 500 llamadas realizadas entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.
Explicó que en el C4 de Iguala había dos militares en las dos secciones, una donde se recibían llamadas y otra donde se manejaba y manipulaba las cámaras, que “fueron desviadas a propósito para que no se vieran las camionetas donde se llevaron a varios estudiantes”.
Indicó que también el Sistema de Información e Inteligencia de la Sedena hay información de lo que sucedió con la desaparición de los 43 muchachos, “segundo a segundo, de los disparos, de las detenciones y de la violencia”.
“Son registros que están reportados en toda su integridad, son 3 mil 900 registros, 2 mil 890 se centran en lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre, cada registro narra los hechos que sucedieron en Iguala, desde la llegada de los estudiantes, la toma de autobuses, los disparos y los muertos”, señaló.
Afirmó que los mandos del Ejército en Iguala y en Guerrero sabían lo que estaba ocurriendo a los estudiantes, “la alerta y la alarma era clara, había comunicación permanente, había comunicación con otras personas que están debidamente identificadas y que por materia de investigación no se pueden revelar sus identidades”,
Señaló que en los ataques contra los normalistas participaron policías estatales, federales, militares, trabajadores del volante, policías de tránsito, policías de Iguala, Cocula y Huitzuco, e incluso policías ministeriales.
Señaló que también el Centro de Investigación y Seguridad (Cisen) “hizo seguimiento completo de actividades de los chavos, de ese día solo hay dos informes: que eran jóvenes y que iban a tomar autobuses para marcha”, pero hay testimonios de que en los dos ataques armados que hubo esa noche contra los normalistas, estaban presentes agentes del Cisen.
Denunció que “se ha ocultado su participación e incluso interrogatorios y actos de tortura, hay videograbaciones donde aparece Tomás Zeróny el exjefe Seido, y hay un agente del Cisen que no ha sido detenido,es una consignación que la FGR puso en marcha y no se ha detenido”.
Reveló que por eso han pedido a la Fiscalía General de la República que se cite a declarar a quien fuera secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de quien dependía el Cisen.
Por su parte, Carlos Beristain criticó que se haya actuado de manera violenta contra normalistas y civiles la noche trágica de Iguala: “¿Cómo fue posible que sucediera esto en una ciudad pequeña (como Iguala) con dos Batallones, con cerca de 600 militares? La respuesta es: por colusión con el narcotráfico con mandos militares, con policías, con agentes del estado. Eso explica su comportamiento (de militares) durante esos tristes hechos”.
Aseguró que también el Ejército tiene “una visión contrainsurgente que señala a los jóvenes de ser parte de la guerrilla, los estigmatizaron de manera negativa”, aunque “no hay un solo documento de los que hemos analizado que señale que los jóvenes estuvieran coludidos con el narcotráfico”.
“En cambio hay informes oficiales y militares que señalan e indican que policías y alcaldes estaban coludidos con el narcotráfico, de eso si hay constancia en documentos”, añadió.
Beristain denunció además que los militares “han ido adecuando sus declaraciones, han ido cambiando según las revelaciones del GIEI; no habían dicho que habían ido a Barandillas, que habían ido a palacio municipal”.
Señaló que el Ejército tiene informes y escritos de lo que sucedió esa noche, “nosotros tuvimos acceso a esas conversaciones interceptadas y transcritas 7 años después. No dispusieron de esa información. Nosotros accedimos por el trabajo realizamos. Afirmamos de manera fehaciente que hay acceso parcial y se oculta información de lo que pasó y del posible destino de los normalistas”, precisó.
Reprochó que “no hay cumplimiento de las órdenes (del presidente), venimos a este país porque había un compromiso de acceder a información y no se ha cumplido en su totalidad”.
Ángela Buitrago aseveró que hay un Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) del Ejército en Iguala, y aunque “nos han negado la existencia de ese Centro y afirman que se creó a partir del 2015, tenemos documentos que indican que operaba en Iguala desde marzo del 2014. Han negado insistentemente esos hechos, bajo el análisis de sus propios documentos han dicho mentiras, negaron la realización de monitoreo, hay 16 documentos que hacen relación de esas movilizaciones, se seguía a muchas de esas personas, hay informes y reportes, existen, nos respondieron que no hay más información”.
Subrayó que en agosto del 2022, los archivos que tiene la Sedena del caso “fueron movidos a otro lugar, hemos pedido que identifiquen, Sedena dice que es imposible, el Estado Mayor de la Sedena sabía de esa información y sabía de lugares donde habían sido emboscados o llevados al menos 17 jóvenes de Ayotzinapa”.
Buitrago también informó que la Marina oficialmente actuó para dar seguridad perimetral en los días posteriores de la desaparición de los 43 normalistas. “Sabemos que detuvieron y torturaron a varios detenidos y en base a esas declaraciones se hizo ‘verdad histórica’(de que los muchachos fueron quemados en el basurero de Cocula)”.
Detalló que un grupo especial de “inteligencia” y elementos de la Marina realizaron actuaciones, pero “no sabemos quiénes eran y de quién dependían; marinos y ese grupo realizaron detenciones y torturas, dos personas murieron en esos operativos, hay un reporte oficial. Hay cosas que no se han contado de la actuación de la Marina,cuyos elementos intervinieron de manera ilegal en el basurero de Cocula”.
Inclusive instalaron un puesto naval en esas fechas en la comunidad de Coatepec Costales, municipio de Teloloapan, “hicieron un escaneo de comunicaciones y realizaron labores de inteligencia, pero no se sabe nada de esos archivos”.
Ángela Buitrago sostuvo que el “destino y paradero de los muchachos no puede verse separada del conjunto del hecho, de la responsabilidad directa del crimen organizado, de la participación de agentes del Estado en esas redes criminales, del ocultamiento de información que dificulta dar una respuesta a todo lo que sucedió en el camino, del asesinato de responsables. Lamentablemente aún hay miedo y el control que existe es parte de este problema”.
Señaló que de acuerdo con el análisis que han hecho, a los 43 estudiantes los dividieron en dos grupos en un primer momento y posteriormente un tercer grupo después, y “después de eso habrían sido repartidos en otros grupos; no fueron llevados al mismo lugar, ni desde luego al mismo escenario, ni tampoco al basurero de Cocula”.
Detalló que hubo unos 16 o 17 estudiantes detenidos y que fueron llevados a la Delegación de Barandilla de la policía municipal en Iguala, “donde fueron detenidos golpeados, maniatados y tumbados en el suelo. Los sacaron policías de Iguala y Cocula. Hay versiones que los llevaron a Lomas del Coyote, otras versiones que se los llevaron a la salida a Taxco. Otros estudiantes se los llevaron por la carretera hacia Huitzuco o Chilpancingo, sin saber en qué lugar se los llevaron”, explicó.
Dijo que hay un soldado del Ejército que hizo un reporte 1202 del CRFI de que habla de “11 detenidos en donde una persona le pregunta a otra (en un monitoreo telefónico) ‘comadre te tocaron 11 detenidos del desmadre de ayer o sabes dónde están los detenidos que llevaron a Chilpancingo’. Es un grupo de 11 detenidos que se los llevaron en la carretera a Chilpancingo”, por lo que su destino podría haber sido la zona de Mezcala.
Puntualizó que las personas detenidas están acusadas de delincuencia organizada, de delitos contra la salud, pero no por desaparición forzada, lo que “sigue siendo una demanda de los padres, de sus abogados, del GIEI”.
Denunció que si no hay independencia en la investigación, “la verdad se puede ver comprometida por cuestiones políticas”, y recordó que “casi se cierra el caso con la ‘verdad histórica’ que buscaba llevar al mínimo las responsabilidades, es parte de lo que hay que seguir trabajando para llegar a la justicia”.
Manifestó que les preocupa la salud de las madres y padres de los 43 normalistas, porque “la asistencia humanitaria, en unos casos, y reparación integral, no son sustitutos de verdad y justicia, son formas de reconocimiento de la dignidad de las víctimas. S, añadióe debe de hacer frente a las dramáticas consecuencias de la desaparición forzada, debe evitarse discriminación y estigmatización”.
Reiteró que los factores que impiden una investigación efectiva “es el ocultamiento e insistencia en negar cosas que son obvias por parte de la Sedena; hemos llegado a este informe hasta el límite de lo que se ha podido investigar, es imposible seguir nuestro trabajo y si las cosas no cambian, damos por terminado nuestro trabajo”.
Recordó que el gobierno de López Obrador “prometió abrir todos los archivos, si bien es cierto se abrieron parte de los archivos, hay más información y es clave para avanzar, se necesita disponer de toda la información de los hechos y conocer el destino y paradero de los jóvenes, de lo que se hizo y se dejó de hacer en el Estado”.
Buitrago advirtió que “el riesgo es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es condenable”, porque “saben y sabían lo que pasó”, pero se “busca ocultar responsabilidades del Estado en la desaparición de los jóvenes. Esas negaciones son un impacto negativo para los familiares”.
Consideró que la Sedena “tiene una intencionalidad de negar información que evita llegar a la verdad, no se cierra esta investigación porque no se puede seguir investigado. Es un delito permanente, el dolor sigue mientras no haya verdad y justicia para los familiares. Hay un futuro en México que está amenazado por la violencia y el miedo”, advirtió.
Serias contradicciones sobre el lugar en donde fue encontrado el cadáver del normalista Julio César Mondragón
Pero eso no fue todo. Carlos Beristain reveló algo hasta ahora inédito:
hay serias contradicciones sobre lo que le ocurrió al normalista Julio César Mondragón Fontes, quien fue asesinado y encontrado desolladoel 27 de septiembre de 2014, porque hay tres versiones del Ejército sobre el lugar y hora en que fue localizado.
Explicó que tuvieron acceso a un documento del ‘COI’ del Ejército fechado el 27 de septiembre del 2014, que fue redactado y despachado en la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, en el cual se muestran dos fotografías del cadáver del estudiante y se informa que fue hallado en Mexcaltepec, municipio de Taxco, a pesar de que oficialmente fue encontrado en la colonia Industrial, en la periferia de Iguala.
El dato duro que reveló Beristain es que, de acuerdo con ese documento del Ejército, a Julio César Mondragón no lo localizaron en la colonia Industrial de Iguala —donde los días 27 de cada mes le dejan una ofrenda floral—, sino en la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Taxco.
Precisó que el documento de la 35 Zona Militar da una descripción general del “cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino que fue localizado en las inmediaciones de Mexcaltepec, municipio de Taxco de Alarcón. Eso contradice donde oficialmente señalan que encontraron el cadáver del normalista”, añadió.
Beristain agregó que hay más contradicciones sobre este hallazgo, porque de acuerdo con un reporte del 41 Batallón de Infantería de Iguala, el cuerpo del normalista fue localizado a las 8 de la mañana del 27 de septiembre del 2014 en la zona del Andariego, aledaña a la colonia Industrial.
Pero hay otro documento del 27 Batallón de Infantería de Iguala “que dice que fue la Sedena quien llegó a ese lugar y descubrió el cuerpo a las 10:30 de la mañana y relata a otras autoridades presentes en la zona”.
“Hay una contradicción de quien encontró el cuerpo, de las horas, de la escena, del levantamiento, de dónde se encontró el cuerpo y quién encontró el cuerpo. Es una contradicción y tiene que ser resuelto, tiene que ser aclarado por la FGR”, concluyó.