Raúl Suárez Martínez
El conflicto que acaba de vivir Guerrero, concretamente Chilpancingo, no fue, ni es, un problema de gobernabilidad. Tampoco es un signo de un estado fallido. No. Lo sucedido fue un error de cálculo, estrictamente.
Si la consigna del gobierno del estado era para ese conflicto tener pero no utilizar la fuerza policial, siguiendo el lineamiento del gobierno federal, no se debió en ningún momento instalar un retén de las fuerzas policiacas para intimidar a los “campesinos”. Si la intención no era reprimir, estaba de más la presencia de las fuerzas del orden. Ese fue el error garrafal que cometió la autoridad.
Era más sencillo, menos costoso, ofrecer mediante una comisión integrada por uno o dos enviados del gobierno del estado, representantes de la comisión de derechos humanos, algún ente social, eclesiástico o algo por el estilo para ofrecerles diálogo y decirles que las autoridades estatales los esperaban en palacio de gobierno para negociar sus demandas.
Era menos costoso políticamente eso, a que las “fuerzas del orden” hicieran el ridículo y en eso arrastraran al gobierno estatal.
Otro error, del cual también hay que aprender, es el que se cometió en la inteligencia gubernamental. Prácticamente todos sabían la naturaleza de los grupos que se movían en el interior de esa movilización, la mano que mecía la cuna o que movía las aguas. Todos sabían que las supuestas demandas sociales eran solo un pretexto para meter a Chilpancingo una base militante que no tenía nada que ver con los pueblos gestores y tuvo que ser el gobierno federal, vía la “mañanera” del presidente de la República, quien vía los señalamientos que hizo de los cabecillas de la famosa marcha que se desactivó la demanda principal de liberar a los presuntos dirigentes de transportistas.
Una verdadera coordinación de los diversos niveles de gobierno permitiría saber, antes de que ocurran las cosas el qué, cómo, cuándo y quiénes encabezarían los movimientos.
No, no se trata de un estado policiaco, se trata de que el ente gubernamental ejerza el poder que tiene para defender las instituciones.
El gobierno de Evelyn Salgado Pineda demostró que puede mantener la línea política que ha marcado la federación de no represión a los movimientos, independientemente de cuales sean sus orígenes (en ocasiones no tan claros), pero lo que hay que valorar, sin embargo, es que esta política no sea tan costosa ni desgastante, ni que dañe su figura y de las instituciones gubernamentales.
Una teoría arriesgada, pero no tan descabellada, es que este movimiento, lo que está atrás del mismo, buscaba, exigía la mano dura del gobierno, para provocar otro “Aguas Blancas” para generar, ahí sí, la desestabilización del gobierno de Salgado Pineda.
Los partidos políticos de “oposición” en este tema también están moralmente derrotados, sin autoridad moral ni política, ¿o por qué creen que no levantaron la voz contra Evelyn? Analicen esto.
Hay un desgaste en este trance, nada que no pueda repararse si se actúa con inteligencia y como un equipo coordinado.
Siempre se tiene que aprender, más de los errores. Son los verdaderos maestros.