Jesús Saavedra
Familiares de 8 personas que fueron torturadas, asesinadas y sepultadas en fosas clandestinas en el ejido de Cuatro Cruces, municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la Sierra del estado, en la década de los setentas, denunciaron que la Guardia Nacional está boicoteando la exhumación de sus restos para evitar que se den a conocer los crímenes de lesa humanidad que cometió el Ejército durante la llamada ‘guerra sucia’.
Al mediodía de este domingo, integrantes de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos ofrecieron una conferencia vía zoom para denunciar que han suspendido hasta en tres ocasiones la exhumación de los restos a petición expresa de la Guardia Nacional, lo que consideraron es un evidente boicot para proteger al Ejército.
En la primera semana de mayo pasado, en una asamblea de la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios (UEFA) “Hermenegildo Galeana”realizada en Tecpan, se informó que habían identificado fosas clandestinas en las inmediaciones de las comunidades de Chilacayote, Espadines, Palos Altos y Las Desdichas, todas del municipio de Ajuchitlán del Progreso, en donde podrían estar los restos de 8 personas que fueron torturadas y asesinadas por soldados durante la llamada ‘guerra sucia’, en la década de los setentas.
En esas fosas clandestinas estarían sepultados los señores Apolonio Rojas Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino, Gervasio Bernardino Durán, Francisco Rojas Nazario, Bartolo Rojas Nazario, Eduviges Ovillaga Ortiz, José Santos González y Pablo Rojas Terán, quien tenía 14 años cuando fue torturado y asesinado.
El señor Octaviano Gervasio Serrano informó que hasta en tres ocasiones se han suspendido las diligencias para exhumar los restos de esas ocho personas, a petición expresa de la Guardia Nacional que piden que haya cerca un campamento donde resguardarse.
Explicó que los familiares de víctimas de la ‘guerra sucia’, interpusieron hasta 3 averiguaciones previas en la Fiscalía General del Estado (FGE), con las que se abrieron carpetas de investigación, porque “hay testigos presenciales de los hechos y que confirman que los compañeros fueron torturados, masacrados, fusilados y ejecutados sumariamente 5 personas en una fosa clandestina, entre ellos un menor de edad de 14 años”, en hechos que ocurrieron en diciembre de 1967, dijo Gervasio Serrano.
Informó que además de haber sido torturadas y asesinadas, esas 8 personas fueron “borradas del sistema del Registro Civil del país, no existen, pero si están presentes en sus familias que siguen buscándolos y que están exigiendo justicia”.
Lamentó que la GN esté “buscando pretextos para no acompañar a la diligencia que encabezará la Comisión Nacional de Búsqueda; se trata de una estrategia para que no se den a conocer de manera fehaciente y clara los terribles crímenes que cometieron en la ‘guerra sucia’”.
Aseveró que con la exhumación de estas 8 víctimas quedaría “acreditado que el Ejército, el Estado mexicano cometió graves violaciones y crímenes de lesa humanidad, exigimos como víctimas que se realicen las diligencias correspondientes”.
La señora Estela Arroyo Castro dijo en la conferencia que su padre, Alejandro Arroyo Cabañas, fue torturado y sobrevive con traumas mentales severos; su abuelo Sostenes López Cienfuegos murió a consecuencia de la tortura, y un tío Isaías Castro Velázquez, sigue desaparecido. “Exigimos respeto como víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la llamada Guerra Sucia y que se castigue a los responsables”, dijo.
Bartolo Hernández Rojas, hijo del señor Apolonio Hernández Bernardino, quien estaría en una de esas fosas clandestinas, señaló que su padre era “ganadero, se dedicaba a la crianza de ganado caprino y bovino pero el Ejército lo asesinó y dejó en una fosa clandestina, ya se ubicó la fosa por testigos de los hechos y queremos su exhumación y que se haga justicia, pero la Guardia Nacional no quiere subir hasta que haya un cuartel o se les den condiciones de seguridad”.
Afirmó que su papá “no perteneció a ningún movimiento guerrillero, me hubiese gustado que fuese guerrillero y en una causa noble, pero no, mi padre era ganadero en el ejido Cuatro Cruces en el municipio de Ajuchitlán del Progreso en la parte alta de la Sierra y fue víctima de una masacre sumaria”.
Isaías Castro Velázquez otro familiar de esas víctimas consideró que es “una burla que hayan atrasado 3 veces estas diligencias por un capricho de la GN que quiere comodidades”.
La señora Antolina Rojas reveló que ella fue testigo de cómo “mi padre fue torturado, quedó bañado en sangre por la tortura a la que fue sometida, nosotros queremos justicia en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que se castigue a los militares culpables de esos hechos horrendos”.