Gilberto Guzmán
Diputadas y diputados integrantes de la 63 Legislatura aprobaron un dictamen de reformas al Código Penal y a la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, a efecto de establecer agravantes al delito de abuso sexual cometido contra menores de 18 años, y para que se elabore un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual.
En el dictamen que emitió la Comisión de Justicia se establece que México es el primer país en el mundo en cuanto a índices de abuso sexual contra menores, superando los 600 mil casos. Lo anterior de acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Señala, además, que se cuenta con información de que en este país solo 100 de cada mil casos de abuso sexual contra menores de entre 5 y 7 años son denunciados; de estos solo 10 por ciento llega a manos de un juez, y uno por ciento recibe una sentencia condenatoria.
“Como se puede observar, el delito de abuso contra menores es un problema grave que ha ido creciendo en muchas partes del mundo, y lamentablemente en Guerrero va en aumento, además de que no se cuenta con información precisa del número de víctimas en ninguna dependencia de gobierno”, refiere el documento.
Entre las reformas al Código Penal destaca que aumentarán las penas hasta en una mitad del máximo de la sanción si el delito es cometido en contra de una persona menor de 15 años de edad, en lugar de los 12 años estipulados por el ordenamiento hasta el día de hoy.
Asimismo, se equipara a la violación y se sancionará de 10 a 40 años de prisión al que sin violencia realice cópula con persona menor de 18 años de edad, en sustitución de los 15 años.
De la misma forma, se adiciona una fracción XXVI al artículo 118 de la Ley número 812 Para la Protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, para que dentro de las atribuciones del Gobierno del Estado, en concurrencia con la Federación, se prevea la elaboración de un Banco de Datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual contra personas menores de 18 años.
Las Comisiones Unidas dictaminadoras sostienen que con estas modificaciones se pretende echar abajo el silencioso pero dañino adultocentrismo que ha caracterizado a las sociedades, entendido como un sistema hegemónico amplio de aplastante dominación en la sociedad que considera al adulto como centro y eje del universo, soportado en la exclusión y discriminación de personas con base en la edad, y que junto al androcentrismo, que es la consideración de que el hombre es la razón de ser de la creación, han obstaculizado el desarrollo y acceso igualitario de oportunidades, afectando a grupos hoy considerados con justeza como vulnerables, entre los que se encuentran las niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Aprueban diversos dictámenes
En la sesión de este jueves, las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura aprobaron un dictamen de adición a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso Cometido en Agravio de Mujeres y demás personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género, sea considerada dentro de dicho ordenamiento y no solo en el Reglamento, a efecto de dotarla de todas las facultades legales para su debida actuación.
La Mesa Directiva dio también segunda lectura a un dictamen de la Comisión de Justicia por el que se adicionan y reforman el Código Civil, la Ley de Divorcio y la Ley de Notariado Público para regular de manera armónica y sistemática en la legislación estatal el “divorcio notarial”.
A solicitud del presidente de la citada comisión, diputado Jesús Parra García, el dictamen se turnó a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para continuar con su análisis.
Sobre este tema intervinieron la diputada Leticia Castro Ortiz y el diputado Carlos Cruz López.
En otros temas, el Pleno del Congreso de Guerrero aprobó adherirse a los acuerdos emitidos por los Congresos de Guanajuato, Quintana Roo y Yucatán para exhortar al Congreso de la Unión y a los Congresos locales de todo el país a que respalden las acciones legales emprendidas por el Gobierno de México en Estados Unidos de Norteamérica a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de frenar el tráfico ilegal de armas y poner un alto al crimen organizado, que permita la construcción de la paz en este país.
Fundamentó este último dictamen el diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
Aprueban exhorto sobre envases de pesticidas
El diputado Andrés Guevara Cárdenas (Morena) propuso un exhorto que fue aprobado por unanimidad para que los titulares de las secretarías estatales de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gestión de Riesgos y Protección Civil, de Salud y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, todas del Gobierno del Estado, que en coordinación con los representantes estatales en Guerrero de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los 80 ayuntamientos y el Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres, implementen acciones para la creación de centros municipales de gestión de envases de desecho de pesticidas.
Por su parte, el diputado José Efrén López Cortés (Morena) presentó un punto de acuerdo por el que se solicita a los ayuntamientos de los municipios de Cuajinicuilapa, San Marcos y Malinaltepec, así como al Concejo Comunitario Municipal de Ayutla de los Libres, a efecto de que envíen un informe escrito pormenorizado relativo a la obligación que tienen de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos que habitan en los nuevos municipios de San Nicolás, Las Vigas, Santa Cruz del Rincón y Ñuu Savi, debiendo suministrarles los servicios públicos necesarios para una vida digna y de calidad.
Asimismo, para que se haga llegar a estas comunidades las acciones de gobierno, programas y apoyos asistenciales que reciban de la federación y del estado, además de los que financian con recursos propios, hasta en tanto no se designen a las autoridades y se instauren los ayuntamientos instituyentes en dichos municipios.