Gilberto Guzmán
El diputado Bernardo Ortega Jiménez propuso reformas a la Constitución Política del Estado de Guerrero para establecer un mecanismo de designación de las y los magistrados del Poder Judicial que garantice la imparcialidad, pero sobre todo la profesionalización y conocimientos de las personas propuestas para desempeñar estos cargos.
En su propuesta, el legislador del Grupo Parlamentario del PRD señala que diversos organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana han emitido una serie de principios y recomendaciones para el debido funcionamiento de jueces, juezas, fiscales, defensoras y defensores públicos, y que una de las garantías principales a las que hacen referencia es la de independencia.
Abundó que para asegurar el cumplimiento de este principio, los operadores judiciales deben contar con los conocimientos y la preparación profesional necesaria que les permita desarrollar sus labores como intérpretes y aplicadores del derecho, buscando en todo momento que se imparta justicia a quien así lo solicite.
Refirió que en México las magistradas y magistrados son, en la mayoría de los casos, designados por el Consejo de la Judicatura Estatal a propuesta del Poder Ejecutivo, y ratificados por el Congreso del Estado, situación que “los vincula al Poder Ejecutivo y también determina, en los hechos, la designación de quien preside el Tribunal Superior de Justicia, lo que puede afectar seriamente la independencia y autonomía de los órganos impartidores de justicia a nivel local”.
Ortega Jiménez explicó, asimismo, que en México los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son designados por la Cámara de Senadores mediante una terna enviada por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, el legislador propone, entre otras cosas, que el gobernador remita una terna al Congreso local tres meses antes de que fenezca el nombramiento de la persona que ostente una magistratura en el Poder Judicial, para que comparezcan en un término de 45 días naturales, tras lo cual serán designados con el voto de las dos terceras partes del total de integrantes de la legislatura.
El documento fue turnado a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su respectivo análisis y dictaminación.