- Advierten que el caso Ayotzinapa ha entrado en una crisis por la salida del fiscal especial Omar Gómez Trejo y el retiro de dos de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
Jesús Saavedra
Luego de señalar que el gobierno de López Obrador ya demostró tener “una gran capacidad de invención”, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hace más de 8años, se sumaron al llamado “a retomar el camino de una investigación seria, y con resultados fiables para darnos una respuesta (del paradero de los muchachos) así como a la sociedad mexicana sin esconder, minimizar o alterar investigaciones”.
Este lunes por la noche, el Comité de madres y padres fijó su postura del análisis que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las conclusiones preliminares de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj).
Recordó que el pasado 31 de noviembre escucharon el informe del GIEI, cuyos miembros “afirman que el caso Ayotzinapa ha entrado en una crisis ante los cuestionamientos que han surgido contra las investigaciones, la salida del fiscal especial (Omar Gómez Trejo) y ahora el retiro de parte de los integrantes del grupo de expertos internacionales”.
Señala que luego de 8 años de lucha en la búsqueda de sus hijos, que ha sido “larga y dolorosa”, deberían estar “preparados para escuchar cualquier situación por increíble, indignante y aberrante que pareciera. Sin embargo, ahora sabemos que nunca lo estaremos porque los gobiernos en turno tienen una gran capacidad de invención”.
Indicaron que el GIEI, “que coadyuva en la investigación de los lamentables hechos acontecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde agredieron y desaparecen a nuestros normalistas, concluye su mandato y se convierte en un mecanismo de seguimiento de nuestro proceso, situación semejante a la vivida en el gobierno de Peña Nieto”.
Señalan que el GIEI “también ponen en duda la credibilidad de 467 capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp que presentó la Presidencia de la Covaj, dirigido por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas”.
Además, anunciaron el retiro de dos de los integrantes de los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox Vial, en tanto que los otros dos, Angela Buitrago y Carlos Beristain, continuarán trabajando en nuestro caso con una medida transitoria, bajo un mecanismo provisional de seguimiento del proceso”.
Agregan que los integrantes del GIEI “se quejaron de la cancelación de 21 de las 83 órdenes de captura que se emitieron en agosto contra presuntos implicados en el caso, entre las que se incluían 16 militares y cinco exfuncionarios, situación que precipitó la renuncia del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, quien estuvo frente a las investigaciones desde el 2019. Admitieron que ha surgido una confusión al tratar de vincular esas acciones de la Unidad Especial de la Fiscalía General que investiga el caso con el documento de la Comisión de la Verdad y determinaron no existe ninguna relación entre las órdenes de detención y el informe de Encinas. Otro grave problema es la resistencia de la Secretaría de la Defensa Nacional a la que señalaron de no proporcionar todas las informaciones clave que requiere de nuestro caso”.
Puntualizaron que a 8 años de la desaparición forzada, “se desconoce el destino de nuestros hijos, presumen que todos fueron asesinados sin darnos prueba de ello y solo por haber encontrado partes oseas de tres de los normalistas, así lo afirman. Nosotros no lo aceptamos si no nos proporcionan pruebas contundentes. Tampoco está claro el móvil del ataque, aunque se ha afianzado la idea de que uno de los autobuses que se llevaron estaba vinculado al tráfico de droga”
Señalaron que los expertos del GIEI “admiten que el proceso enfrenta una situación grave, y exhorta a las autoridades a retomar el camino de una investigación seria, y con resultados fiables para darnos una respuesta así como a la sociedad mexicana sin esconder, minimizar o alterar investigaciones”.
Finalizaron diciendo en el comunicado que seguirán “exigiendo verdad y justicia y la obtendremos a cualquier costo.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”