- Expresan su respaldo al abogado de Tlachinollan, luego de que informes de inteligencia militar lo involucran en actividades delictivas
- Critican que desde las fuerzas armadas “tengan una percepción cuya tendencia es criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos”
Jesús Saavedra
Decenas de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos del país y del extranjero, expresaron su solidaridad con los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, Abel Barrera Hernández, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Teliz García, además del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui Muñoz, ante la posibilidad de que el Ejército emprenda acciones legales en su contra para “neutralizarlo y silenciarlo”.
En un documento firmado por representantes de más de cien organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos, repudiaron el que la Secretaría de la Defensa Nacional identifique al CECOP como una organización dedicada al cobro de cuotas, extorsiones y secuestros en Acapulco, involucrando directamente a su dirigente y a los activistas de ‘Tlachinollan’.
Esto trascendió luego de que el grupo Guacamaya hackeó miles de documentos confidenciales de la Sedena en los que había correos electrónicos que les enviaron a mandos militares con informes de las áreas de inteligencia del Ejército.
Por esa razón, este lunes se había convocado a una marcha en respaldo a las cuatro personas en mención, pero fue cancelada y reprogramada para el próximo miércoles.
En el documento critican que el Ejército mantenga una “estrategia de contrainsurgencia que no solo se utiliza en contra de movimientos armados insurgentes, sino también en contra de todo aquel que lucha por la verdad, la justicia y la reparación del daño, como lo hacen algunas y algunos defensores de derechos humanos, periodistas y luchadores sociales”.
Consideran que es preocupante que el Ejército señale “la presencia de tres organizaciones civiles que cometen diversos ilícitos y una está ligada a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de Ayotzinapa” y del CECOP, “que según el Ejército, es una organización dedicada a cometer distintos ilícitos”.
Aseguran que los informes internos del Ejército “contiene errores, es falsa y exhibe la incapacidad de los cuerpos de inteligencia del Ejército al confundir una organización campesina con una instancia gubernamental”.
Expresan su preocupación por que “desde las fuerzas armadas tengan una percepción cuya tendencia es criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos y catalogarlas junto a grupos criminales”.
Señalan que no dudan “que se prepara una inminente acción judicial contra el defensor que se hará efectiva en la medida que las madres y los padres de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, se acerquen a la verdad”, porque “ala fecha todas las investigaciones apuntan a elementos del Ejército, gobernantes y políticos de alto nivel”.
Advierten que “la defensa del compañero Vidulfo ha sido decisiva en esta lucha, por lo que el Ejército busca neutralizarlo y silenciarlo, y no dudará ejercitar acciones penales o de otra índole en su contra”.
Afirman que la lucha de los padres de los 43 y sus abogados “afecta intereses, económicos y políticos de las élites que recurren a la calumnia, a la difamación, criminalizando y deslegitimando nuestra lucha”
“La lucha de las madres y padres de los 43 amenaza con colocar al Ejército en el banquillo de los acusados y la voz y denuncia permanente del compañero Vidulfo ha sonado con estridencia al grado que molesta al poder militar, que ahora da un manotazo para acallar voces incómodas y vigilar a los que considera enemigos realizando impunemente señalamientos infundados”, señalan.
Sostienen que el acuerdo de las fuerzas armadas con el presidenteAndrés Manuel López Obrador “les asegura inmunidad y se creen con el derecho de señalar y atentar contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras tanto a las bandas delictivas les permiten que actúen libremente y en muchos casos se asocian con ellos para delinquir, tal y como lo muestra el caso Ayotzinapa”.
En ese caso, señalan, se comprobó que delincuentes de Guerreros Unidos “convivían y se reunían con altos mandos militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, mientras tanto, fichaban y hostigaban a defensores y luchadores sociales asociándolos con actividades ilícitas que ni siquiera comprobaron y que son falsas”.
Por ello demandan el “cese el hostigamiento y la inminente represión contra el compañero Vidulfo Rosales, Abel Barrera, Marco Antonio Suástegui Muñoz y Rogelio Teliz García, que se den garantías para que continúen con su labor de defensores de derechos humanos y se realicen investigaciones contra el Ejército mexicano por realizar operaciones de seguimiento y vigilancia ilegales”.