- En 2020, la Defensa Nacional elaboró un informe sobre cómo proteger las actividades económicas en Guerrero ante el “activismo social” de grupos radicales
Redacción
La Secretaría de la Defensa Nacional se dio a la tarea de “proteger” la actividad económica en el conflictivo estado de Guerrero de tres principales agrupaciones: organizaciones delictivas, grupos de autodefensas y el “activismo social”, incluyendo “el Comité de Padres de Familia de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa”.
De acuerdo con información publicada por Proceso, basada en el caso Sedena Leaks, el Ejército también elaboró informes de seguimiento sobre las investigaciones en curso sobre la desaparición forzada de los estudiantes –especialmente sobre la participación de los militares– e hizo fichas sobre el Comité Estudiantil “Ricardo Flores Magón”, formado por normalistas, y sobre el Comité Estudiantil de la Escuela Normal Regional de la Montaña “José Vasconcelos”.
En una extensa presentación “confidencial” sobre el Diagnóstico Ejecutivo de la situación en Guerrero, elaborada en febrero de 2020 –y extraída entre millones de documentos de la Sedena en el hackeo realizado por el colectivo Guacamaya–, la Sedena planteó una serie de cuatro preguntas: “¿Qué protegemos?”, “¿De quién lo protegemos?”, “¿Cómo lo protegemos?” y “¿Quién lo protege?”.
En la parte de “¿Qué protegemos?”, la Sedena enumeró la población, así como las grandes empresas –como Chedraui, Coca-Cola FEMSA, Bimbo, Soriana, PepsiCo y Walmart–, las mineras, el turismo, los ductos de Pemex, la infraestructura, las termoeléctricas e hidroeléctricas, así como “hoteles, bancos y plazas comerciales”.
En la sección “¿De quién lo protegemos?”, la Sedena enumeró en primer lugar el “activismo social”, promotor de mil 725 movilizaciones en 2019, incluyendo “mítines, marchas, bloqueos, toma de instalaciones y casetas de cobros”. Entre sus actores destacó la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Antorcha Campesina, los Sindicatos Únicos de Servicios Públicos del Estado de Guerrero y el Frente Popular de la Montaña.
En segundo lugar, la Sedena colocó a la delincuencia organizada, que opera en toda la entidad a través de cinco organizaciones grandes y 16 grupos delictivos, y cuya expansión se explica en parte por “la complicidad que existe de parte de autoridades municipales y estatales”, y en tercer lugar señaló los grupos de autodefensas presentes en 62 municipios.
Sin sorpresa, en la parte “¿Quién lo va a proteger?”, la Sedena presumió el despliegue de sus soldados y de la Guardia Nacional, el cual “impacta de manera positiva, ya que muestra a la población la coordinación que existe entre autoridades de los tres niveles de gobierno”. (Con información de Proceso)