- De acuerdo con reportes de inteligencia militar revelados tras el hackeo de Guacamaya a servidores del Ejército, José Luis Abarca, el expresidente municipal de Iguala, encabezaba la lista de narcoalcaldes
- Entre los señalados entonces por tener nexos con Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, Caballeros Templarios y Los Tequileros, estaban alcaldes del PRI, PRD, PAN y del PT
Redacción
Al menos 20 alcaldes de Guerrero —la cuarta parte de los que hay—, tenían denuncias y señalamientos de posibles vínculos con grupos del crimen organizado que operaban en el estado cuando ocurrió la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un reporte de inteligencia de Sedena enviado un mes después de los hechos ocurridos en Iguala, en septiembre de 2014.
Esta información se desprende de un informe dirigido por la Subjefatura de Inteligencia E.M.D.N. (del Estado Mayor de la Defensa Nacional) a Tomás Zerón de Lucio, quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y que forma parte del hackeo a la Sedena del colectivo Guacamaya, al que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tuvo acceso.
De acuerdo con esa información, el listado de “presidentes municipales del estado de Guerrero con presuntos vínculos con el narcotráfico por orden de incidencia” incluía a alcaldes de 20 municipios, emanados del PRD, PRI, PAN y PT.
El reporte de inteligencia de Sedena les señala indicios de vínculos con cuatro organizaciones criminales: Guerreros Unidos, La Familia, Caballeros Templarios y Los Tequileros.
La lista de alcaldesa la encabeza José Luis Abarca, quien era el presidente municipal perredista de Iguala cuando ocurrió la desaparición de los normalistas y a quien se le vincula con Guerreros Unidos.
“Fue señalado de encontrarse involucrado con miembros del gpo. “Guerreros Unidos”, a quienes proporcionaba protección, además de colaborar en las actividades delictivas de estos…”, señala el informe sobre Abarca, actualmente detenido por el caso.
“Aunado a lo anterior, se señala a la esposa de éste, la C. María de los Ángeles Pineda Villa, de mantener vínculos cercanos con miembros de la familia Beltrán Leyva”.
Sin embargo, Abarca Velázquez no era el único con señalamientos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
El informe incluía también a los ediles perredistas de Apaxtla de Castrejón, Coyuca de Catalán, Acapetlahuaya, Teloloapan, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Tlalchapa, Ajuchitlán del Progreso y Zirándaro de los Chávez.
También señalaba ligas con el narco de los alcaldes emanados del PRI de los municipios de Cocula, Arcelia, Tlapehuala, Pungarabato, Huitzuco de los Figueroa, Tlacotepec y San Miguel Totolapan.
Los munícipes del PAN de Taxco de Alarcón, Pilcaya y Tepecoaculco, y el del PT que gobernaba entonces el municipio de Buena Vista de Cuéllar, también fueron señalados en la comunicación de inteligencia de Sedena.
En la mayoría de los casos, los indicios hacen referencia a apoyo, protección y participación con grupos del crimen organizado, tanto por parte de ellos como de elementos de sus policías municipales.
Los principales grupos criminales con los que se les vinculaba son Guerreros Unidos y La Familia, con ligas a ocho municipios cada uno.
Complicidad de autoridades estatales
Cinco años después, otro informe elaborado por la Sedena daba cuenta de que la presencia de grupos del crimen organizado, en complicidad con autoridades locales y ligadas a grupos de autodefensas, continuaba imperando en Guerrero.
El reporte confidencial, de febrero del 2020, ya durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Sedena señala a Guerrero como “uno de los escenarios donde las organizaciones criminales y sociales han creado un clima de violencia, inseguridad e incertidumbre entre la población”.
El informe incluye un mapa delictivo donde señala que cinco organizaciones criminales y 16 grupos delictivos locales, pelean por el control y tráfico de drogas en este territorio, identificando como “las más representativas” a Cártel del Pacífico, Beltrán Leyva, Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia, Caballeros Templarios y Guerreros Unidos.
Asimismo, detalla en otro mapa tres áreas identificadas como “de riesgo”, donde incluye en su mayoría a municipios cuyos ediles habían sido vinculados a grupos criminales en un reporte de inteligencia de Sedena enviado en octubre del 2014, tras la desaparición de los normalistas.
Entre estos se encuentra Acapulco, Guerrero; Chilpancingo, Chilapa, Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Tixtla, de la Región “Centro”; e Iguala, Taxco, Tepecoacuilco, Huitzuco, Teloloapan, Tetipac, Pilcaya y Atenango del Río, de la Región “Norte”.
“Un factor importante para la expansión de estos grupos delictivos es la complicidad que existe de parte de autoridades municipales y estatales”, señala el informe.
El reporte de la Sedena que expone también las ocho principales rutas de la delincuencia organizada -por grupos en disputa o bajo su control- detalla además la presencia de grupos de autodefensas con nexos con el crimen, a los que denomina “pseudopolicías”, en 62 de los 81 municipios del estado.
“Las organizaciones delictivas con presencia en el estado de Guerrero, utilizan como fachada a las diferentes pseudopolicías comunitarias para llevar a cabo sus actividades ilícitas, de manera abierta ante las autoridades legalmente establecidas”, señala en sus conclusiones el informe extraído en el hackeo de SedenaLeaks.