- Ramón Celaya aseguró que “no es una protesta social, no es legítima, esto es un acto criminal de gente que tiene intereses oscuros por la detención de comunitarios” que se enfrentaron con militares y policías el martes en Marquelia
Ana Lilia Torres
El vicefiscal Ramón Celaya Gamboa afirmó que el bloqueo en la Costera Miguel Alemán de Acapulco, que fue desactivado este miércoles por antimotines de la policía estatal, no fue una protesta legítima, sino un acto criminal realizado por gente que esconde intereses oscuros.
Entrevistado después del desalojo de comerciantes, transportistas y pobladores de Puerto Marqués que bloqueaban la Costera a la altura del Asta Bandera, el funcionario de la Fiscalía General del Estado señaló que la ciudadanía está cansada de los bloqueos y ya no se van a permitir más.
“Los ciudadanos están cansados de los bloqueos, ya no podemos permitirlos. La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz sesionó hoy y acordó no permitir más bloqueos de forma ilegal, más con intereses de delincuencia”, dijo.
El vicefiscal advirtió que los delitos del fuero común que se cometan se van a investigar “y por supuesto que no se va a permitir ningún acto criminal que estén haciendo”.
Afirmó que las personas que bloqueaban la Costera no tienen como fin protestar, sino presionar al gobierno para liberar a comunitarios detenidos por el Ejército en Marquelia.
“Esta no es una protesta social, no es protesta legítima, esto es un acto criminal, de gente que tiene intereses oscuros por la detención de comunitarios, que cometieron delitos ayer en contra del Ejército y Guardia Nacional”, señaló el vicefiscal.
Dijo que los manifestantes exigen una liberación “que obviamente no se va a dar, porque no se puede violentar el estado de derecho con presiones y chantajes. No sé van a permitir chantajes de ningún tipo y por supuesto que se aplicará la ley”.
Finalmente, el vicefiscal indicó que los policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero detenidos el martes en Marquelia, están a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que será la institución que determine su situación legal.