- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado tuvo que resarcir daños por 25 mil pesos, y ofrecer disculpas públicas a los habitantes de esa comunidad de Marquelia
MARQUELIA.— Siete elementos de la policía estatal fueron retenidos y desarmados por elementos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y pobladores de la comunidad de Zoyatlán, municipio de Marquelia.
La retención de estos elementos fue este viernes 24 de junio alrededor de las 22 horas, por un supuesto allanamiento “abusivo” en un domicilio de la comunidad. Entre los retenidos estaba el inspector Alejandro Campos Vera, coordinador regional de dicha corporación.
En punto de las 13:00 horas del sábado, después de realizarse una asamblea donde se hicieron presentes pobladores, se acordó la liberaron de los agentes.
Entre los acuerdos se estableció que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tendría que resarcir los daños causados por 25 mil pesos, ofrecer disculpas públicas a la comunidad y una reunión entre autoridades y la comunidad, que se celebrará el próximo martes 28 de junio.
En la reunión, los ciudadanos relataron los excesos y atropellos que han sufrido por parte de elementos de la Policía Estatal. Por ejemplo, muchos campesinos que se dirigen a sus parcelas o de cacería y que portan armas de bajo calibre autorizadas por el gobierno federal, son intimidados, despojados y, en ocasiones extorsionados por los estatales; dijeron.
Los ciudadanos, indicaron que los elementos policiacos irrumpieron de manera agresiva y sin autorización a revisar un domicilio; en esos momentos, al lugar se presentaron elementos de la CRAC-PC además del comisario municipal, quien convocó a una primera asamblea donde acordaron retener a los Estatales.
Los agentes retenidos fueron: Alejandro Campos Vera (comandante), Rosa García Lara, Nelther Ríos García, Lucio Francisco Desiderio, Gabriel Margarito Tapia, María del Socorro Silva Desiderio, Gustavo Memije Guerrero y Gabino García Joachin.
Previo a la liberación, el capitán y Director General de la Policía Estatal se comprometió a quitar de esta ruta la patrulla 603 y a sus elementos, y que si alguna patrulla circulara por esta localidad, se tendría que notificar al comisario municipal.
Además, los elementos estatales devolvieron el arma decomisada a unos ciudadanos de la comunidad de Maxmadí.
A la comunidad llegó el presidente municipal, Lincer Casiano Clemente, quien coadyuvó a destrabar este conflicto facilitando la cantidad de 25 mil pesos, en calidad de préstamo, dinero que exigía el pueblo para liberar a los estatales. (API)