- El subsecretario de Gobernación reprochó que un juez federal haya eximido a dos miembros de ‘Los Tilos’, brazo armado de Guerreros Unidos, por el delito de delincuencia organizada
- Si no están de acuerdo con los fallos de los jueces, hay recursos para impugnarlos, le responde el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar
Jesús Saavedra
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reprochó severamenteque el Poder Judicial de la Federación sea el que impida y entorpezca los esfuerzos que se hacen para que se llegue a la verdad y se haga justicia por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en Iguala.
El también presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa criticó ayer la decisión de un juez federal de eximir del delito de delincuencia organizada a dos integrantes de ‘Los Tilos’, brazo armado del grupo criminal Guerreros Unidos, a quienes se les responsabiliza de desaparecer a los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014.
Encinas Rodríguez lamentó que los esfuerzos de esa Comisión y de la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República (FGR) para garantizar la justicia por la desaparición de los 43 normalistas, sean “entorpecidos” por jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) con este tipo de decisiones.
A través de un comunicado, explicó que este miércoles se enteraron que jueces federales emitieron un auto de conclusión del asunto que exime a dos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Tilos’, del delito de delincuencia organizada, aunque continuarán detenidos porque también son investigados por su participación en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa”.
En el comunicado, explica que el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, “consideró que los imputados ya habían sido juzgados por este delito, por lo tanto, no podrían ser procesados nuevamente, sin embargo, el juzgador no considera que en su momento su puesta en libertad ocurrió por falta de elementos, no porque se resolvió en definitiva el asunto”.
Alejandro Encinas abundó que para la judicialización de este caso, la Unidad Especial en la FGR “presentó un trabajo de investigación con pruebas obtenidas de manera legal y éstas fueron desechadas por el juez Beltrán Santes”.
Señaló que la acusación contra los integrantes de ‘Los Tilos’ “está sustentada en evidencia sólida, pero el Poder Judicial de la Federación impide el acceso a la verdad y la justicia de las víctimas, y continúa frenando los resultados de una investigación cuya línea es resolver la desaparición de los 43 normalistas, ubicar su paradero y llevar ante la justicia a los perpetradores”.
Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, responde a las críticas de Encinas
Por su parte, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, rechazó los señalamientos de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, respecto a que los jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) han “entorpecido” el caso Ayotzinapa.
En conferencia de prensa, afirmó que el Poder Judicial de la Federación está cumpliendo con su responsabilidad en este caso “con mucha seriedad”, y le recordó a Encinas Rodríguez que existen recursos para impugnar el fallo del juez.
“El Poder Judicial federal no ha sido obstáculo en lo más mínimo en el caso Ayotzinapa, el Poder Judicial ha estado, a lo largo del tiempo, en varias reuniones en donde estuvieron los padres de los jóvenes desaparecidos y con sus decisiones está cumpliendo su responsabilidad.
“Si hay sentencias de los jueces en el caso Ayotzinapa que le parecen a la Fiscalía que no son conforme a Derecho para eso hay recursos, pero lo que creo que no es correcto es denostar al Poder Judicial federal cuando una decisión no les parece adecuada, el Poder Judicial federal está cumpliendo con su responsabilidad con mucha seriedad”, enfatizó.
Zaldívar recordó que existe una sentencia de un Tribunal Colegiado la cual consideró que muchos detenidos por el caso Ayotzinapa habían sido sujetos a tortura, además de que toda la investigación de la entonces Procuraduría General de la República era sesgada y parcial.
“Entonces los jueces están limitados por lo que se decidió en ese precedente. Si hay alguien que ya se determinó que fue torturado por una instancia superior, el juez no puede hacer caso omiso de esto”, explicó.