• Revela informe “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México” de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Redacción 

Entre 2016 y 2020, debido a la violencia que generan grupos delictivos, más de 21 mil 800 personas sufrieron desplazamiento forzado interno en Guerrero, según el informe “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México” de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Apenas el 26 de enero, el ataque de Los Ardillos al campamento de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) en Buenavista de la Salud, en Chilpancingo, dejó un saldo de cuatro guardias comunitarios muertos. 

Tras ese ataque, los guardias comunitarios denunciaron la aparición de un mensaje intimidante con las siglas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un mes más tarde, la UPOEG amagó con armar a mujeres y niños si el gobierno no garantiza la seguridad de la comunidad, porque las autoridades no avanzan en las investigaciones para castigar a los responsables de esa agresión.

La UPOEG denunció hostigamiento por parte del Ejército y la Policía Estatal, porque pretenden desarmarlos para que los grupos criminales los desplacen de su comunidad. De acuerdo con los guardias comunitarios los patrullajes que hacen la Guardia Nacional y el Ejército solo son por la carretera, porque no hacen nada por detener al grupo armado.

Indicaron que los habitantes de Buenavista y otros pueblos cercanos viven con incertidumbre ante la posibilidad de que ocurra un nuevo ataque por parte de Los Ardillos. 

Eso ocurrió apenas el 6 de marzo, cuando un grupo armado atacó con granadas de fragmentación la comandancia de la policía comunitariade la UPOEG, con un saldo de dos personas lesionadas.

Un caso similar es el que sucedió a finales de enero, cuando Los Ardillos atacaron en las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, en Chilapa, por lo que el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

Otro episodio sucedió en el municipio de Coyuca de Catalán a finales de 2021. Presuntos integrantes del CJNG irrumpieron en la comunidad de Zihuaquio, donde quemaron viviendas, fábricas de mezcal y se apoderaron de hectáreas de maguey. 

En esa zona, desde 2019, cerca de 320 familias productoras de mezcal tuvieron que desplazarse a otros lugares debido a las amenazas por parte de los grupos criminales.