- Los legisladores priístas denunciaron que sin que les consultaran, fueron colocados cámaras y micrófonos en todo el edificio legislativo, lo que consideran un atentado a la intimidad de trabajadores y visitantes
Gilberto Guzmán
Diputados locales del Partido Revolucionario Institucional se inconformaron con la intención de convertir al Congreso en una especie de Big Brother, al denunciar que se coloca un sistema de videocámaras y micrófonos en distintas áreas de la sede del Poder Legislativo por parte de la administración, sin que fueran consultados los integrantes de la Junta de Coordinación Política, lo que consideran un atentado contra la intimidad de quienes trabajan y visitan el edificio.
A través de un comunicado difundido la tarde de este martes, en el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la 63 Legislatura, el Grupo Parlamentario del PRI manifestó su “enérgica protesta” contra “la clara intimidación que estamos viviendo, ya que el pasado lunes 28 de febrero, fueron instaladas en todas las áreas de este Poder Legislativo, cámaras y micrófonos”, lo que representa una agresión a la intimidad de quienes ocupan el edificio.
Además, señala que en ningún momento se les informó sobre la instalación de esos dispositivos, lo cual transgrede la garantía de privacidad establecida en el artículo 6º Constitucional, que en el párrafo segundo, fracción II señala: “La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegidos en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”.
Por ello, los diputados priístas que coordina Héctor Apreza Patrón consideran que “debió especificarse el uso que se daría a este sistema de videocámaras, ya que la Ley reconoce que, para proporcionar protección a la ciudadanía, el Gobierno tiene que utilizar la tecnología; sin embargo, debe considerarse que, con el uso inadecuado de la misma, puede haber intromisión en la vida privada y vulnerar el honor, la intimidad o la imagen propia”.
Las y los diputados integrantes del PRI consideran que para la instalación de equipos de videograbación se debe tener autorización de todas y todos los diputados de la 63 Legislatura, además de que “las imágenes y sonidos captados deben tener un tratamiento final, para evitar que con la grabación conocida o desconocida por las personas (al ser datos personales) se vulneren derechos fundamentales”.
El comunicado agrega que el coordinador Héctor Apreza expresó su inconformidad durante la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), igual que otros grupos parlamentarios manifestaron su preocupación por que a las cámaras y micrófonos pudieran darle mal uso o para fines de espionaje, lo cual se considera muy grave.