- Policías comunitarios de 4 pueblos repiten su estrategia de mostrar a menores de edad y a mujeres armados para pedir a las autoridades de los 3 niveles de gobierno que actúen contra un grupo delictivo que opera en esa zona
Jesús Saavedra
Habitantes de cuatro comunidades del municipio de José Joaquín de Herrero ubicadas en el territorio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), lanzaron un ultimátum a autoridades de los tres niveles de gobierno para que garanticen la seguridad en esa zona, o de lo contrario menores de edad y mujeres tomarán las armas para realizar tareas de seguridad.
Este jueves, unas 500 personas, entre niños, mujeres, hombres y policías comunitarios marcharon precisamente en el Día del Niño para manifestar su rechazo a la inseguridad y la violencia que priva en pueblos de la Montaña baja.
Se trata de habitantes de las comunidades de Amatitlán, El Caracol, Los Pinos y Ayahualtempa, quienes se reunieron en la explanada de la comisaría municipal de Ayahualtempa y de ahí iniciaron una marcha.
En el trayecto denunciaron que se encuentran bajo asedio del grupo criminal ‘Los Ardillos’, que ha cooptado a la policía municipal de José Joaquín de Herrera, cuyos elementos se han convertido en sus “halcones”.
Por esa razón exigieron que se retiren esos elementos policiacos de sus puestos de vigilancia que tienen instalados en el crucero de Tlachimaltepec y en los Postes Negros.
Los integrantes de la CRAC insistieron en que se instale un puesto de vigilancia bajo el mando del Ejército o de la Guardia Nacional, porqueno confían en la policía municipal o en la del Estado, porque “son corporaciones cómplices y que no hacen nada para evitar la violencia y la inseguridad en nuestras comunidades”, aseguraron.
Denunciaron que desde que se recrudeció la violencia, hace un par de años, en esas comunidades han sido asesinadas más de 10 personas por lo que le han pedido a la alcaldesa Orquídea Hernández Mendoza acciones contundentes contra la criminalidad, pero que no ha atendido la peticiones por escrito que le han entregado.
Por ello fueron enfáticos en pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que se establezcan estrategias de seguridad que garanticen que el grupo criminal ‘Los Ardillos’, que opera en varios municipios cercanos, “no actúe de manera impune en esta zona de la Montaña”.
Aseguraron que debido a la violencia, los pobladores de esas comunidades y otras más no pueden acudir a Chilapa a surtirse deproductos de la canasta básica, lo que ha provocado una severa crisis social, económica y alimentaria en sus pueblos. “De eso ya tienen conocimiento las autoridades, pero no han hecho caso”, dijo uno de sus dirigentes.
Al finalizar la marcha, la CRAC informó que por acuerdo de los habitantes de esas comunidades, dieron un plazo para que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen acciones contundentes y atiendan sus reclamos, o de lo contrario niños y mujeres tomarán las armas para realizar labores de violencia para garantizar la seguridad en esa zona.