- Presentan ante el Registro Agrario Nacional su estatuto comunal en lengua me’phaa, para defender 4 mil hectáreas
Jesús Saavedra
Autoridades comunitarias de la localidad de Juba Wajin (San Miguel el Progreso), municipio de Malinaltepec, solicitaron al Registro Agrario Nacional (RAN) la inscripción de su estatuto comunal en su lengua originaria me’phaa (tlapaneco) que fue aprobado por la comunidad con el objetivo de defender 4 mil hectáreas de terreno que son de su propiedad y que pretenden ser explotada por empresas mineras extranjeras.
Este viernes el presidente del comisariado, Cresencio Hilario Solano; el secretario, Artemio Flores Solano; del Consejo de Vigilancia, Justino Santiago Amado, y los abogados Armando Galeana y Aarón Guzmán Salazar, ofrecieron una conferencia de prensa en la que indicaron que es la primera ocasión en el país que una comunidad indígena presenta una solicitud del registro de su estatuto comunal.
Hilario Solano informó que solicitaron que este “Xtángoo Drigóó Mbaa (estatuto comunal) quede inscrito en el RAN y sea validada para la regulación de sus prácticas y la reproducción de la vida comunitaria. Es una ley del pueblo que está legitimada por la asamblea de la gente que habita en Juba Wajin, pero con su inscripción, el pueblo me’phaa reafirmará sus usos y costumbres o sistema normativo comunitario, el ejercicio de los derechos colectivos, la comunalidad, el tejido comunitario, el derecho a la libre determinación, a su autonomía y a sus procesos autogestivos”.
Dijo que es un ejercicio de “preservación de nuestra identidad, lengua y prácticas que se inscriben en el primer estatuto comunal escrito por los mismos habitantes en lengua me’phaa en el estado de Guerrero, donde hacen uso pleno de sus derechos como pueblo indígena reconocidos en la constitución local del estado, en el artículo 2 de la Constitución Federal, en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el convenio 169 de la OIT, entre otras, donde se respeta la autonomía y un gobierno propio que permita el desarrollo y el bienestar y que hacen realidad un México pluricultural”.
Señaló que hay un “riesgo latente de las empresas extractivistas que amenazan con explotar los minerales, lejos de protegerlos y de resarcir las condiciones de desigualdad, explotación, discriminación y despojo profundizan la pobreza y provocan la destrucción de la vida comunitaria”.
Agregó que ese “estatuto o ley del pueblo regulará y administrará todo lo que exista para la reproducción de la vida comunitaria, desde el cuidado y manejo de los bienes naturales, tierras, animales, ríos, cuevas, entre otros, hasta la preservación y continuidad a los saberes de sus ancestros, donde está presente las prácticas de sanación, acuden a los cerros, en los caminos, a los ríos, a la iglesia, al camposanto para realizar los rezos, que en suma se consideran patrimonios históricos y biocultural. Regirá la vida plena de la comunidad me’phaa”.
Flores Solano explicó que buscan “generar las condiciones para que el territorio esté protegido de saqueos, de daños a los cerros, a los animales, a los minerales y a las fuentes freáticas de personas ajenas o de la misma comunidad. La gente destruye los bienes tangibles e intangibles será sancionada. Además, las relaciones intracomunitarias se desarrolla la fraternidad y la armonía, la lógica del apoyo mutuo, mano vuelta o cambio de brazo, para el crecimiento del pueblo”.
Exigió que los gobiernos “en turno respeten los derechos de los pueblos originarios, máxime si ya están reconocidos en tratados internacionales y la constitución mexicana. Es el momento de mostrar un rostro diferente a la discriminación, el olvido, la opresión y la imposición de un pensamiento colonizador que continúa socavando las prácticas y las diferentes expresiones culturales y de identidad de los pueblos indígenas”, añadió.
Dijo finalmente que “es de suma relevancia que las autoridades agrarias califiquen y ordenen la inscripción del estatuto comunal de San Miguel del Progreso. Marca un parteaguas en el ejercicio de los derechos colectivos, sobre todo, los pueblos originarios como sujetos de cambio, de transformación de su propia realidad, de su existencia”.