•  Neil Arias, abogada de esa organización, dijo que tan solo en octubre documentaron 6 feminicidios con extrema violencia en municipios de la Montaña

Jesús Saavedra

Pesa a las constantes denuncias de que hay un aumento de la violencia contra las mujeres en la Montaña, en apenas 20 días de octubre, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’ ha documentado 6 feminicidios con extrema violencia en municipios indígenas, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno desplieguen políticas públicas para prevenir y castigar esas conductas ilícitas.

Ante la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a varios municipios de esa región, dicha organización civil denunció el contexto de violencia feminicida y de venta de mujeres que se registra en comunidades indígenas de Tlapa, Metlatónoc y Cochoapa, principalmente.

La abogada Neil Arias Vitinio dijo que la labor de ‘Tlahinollan’ ha sido la de visibilizar los índices de violencia contra la mujer indígena en esa región, que se ha agravado durante el confinamiento social por la pandemia de Covid-19 y que obligó a las personas mantenerse en sus casas para no contagiarse de coronavirus.

Arias Vitinio dijo que a pesar de la campaña que han emprendido para visibilizar esa violencia y pedir que las autoridades pongan atención, la violencia contra las mujeres indígenas “no ha bajado, al contrario, octubre es un mes muy violento, se han presentado muchas muertes de mujeres, tenemos documentados 6 feminicidios en Tlapa, en comunidades de Metlatónoc, de Tlacoapa”.

La abogada de ‘Tlachinollan’ aseveró que esos feminicidios “son hechos que indignan, que son condenables”, y reprochó que “hay una falta de atención, hay dilación de las autoridades para atender estos casos de violencia contra la mujer”.

Relató que uno de esos crímenes ocurrió el 7 de octubre en Tlacoapa, donde una mujer de 76 años “fue asesinada de manera muy cruel” y que “uno de sus agresores previamente había cometido hechos de violencia, pero lamentablemente no hay una investigación diligente y esperamos que las autoridades actúen, porque mientras no haya castigo, los agresores van a seguir repitiendo esas conductas”.

Recordó que en los casos que ‘Tlachinollan’ ha ofrecido asesoría jurídica, del 2014 a la fecha, se han podido obtener 5 órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), pero “el problema es que no hay voluntad para que haya justicia; no hay voluntad para que la Fiscalía detenga y procese a estos perpetradores, y eso genera impunidad y un mensaje de cometerlo de nueva cuenta”.

Neil Arias se refirió al caso de la menor Angélica, de la comunidad de Dos Ríos, municipio de Cochoapa El Grande, quien fue apresada por la policía comunitaria debido a que huyó de la casa del suegro, quien pretendía abusar sexualmente de ella y reclamaba que le regresaran los 150 mil pesos que pagó para que se casara con su hijo, porque “es un ejemplo de la situación que viven las mujeres en comunidades de Cochoapa el Grande, es una práctica que se viene reproduciendo desde hace años”.

Afirmó que “la dote era un acto más cultural de los pueblos originarios que se ha tergiversado y se ve como un negocio”.

Lamentó que a la mujer se le trate “como objeto para venderse, tristemente es la historia de muchas niñas y mujeres que sufren además de violencia, abusos, acosos, hostigamientos y violaciones; el caso de Angélica es digno, porque trato de romper con el círculo de violencia que vivía en este matrimonio forzado”.

Dijo que ‘Tlachinollan’ atendió otro caso similar en esa comunidad indígena de Cochoapa, en el que “la niña dejó a su esposo porque la acosaba e intentaba abusar sexualmente de ella; los suegros ofendidos, pidieron que fuera detenida con sus padres y eso sucedió”.

Abundó que en ese caso, los suegros de la menor, “en lugar de pedirles que regresaran los 150 mil pesos que pagaron por el matrimonio, la familia del novio o del esposo estaba exigiendo el doble, es decir 300 mil pesos, y los encarcelaron”, pero “decidieron dejar libre a la muchacha para que consiguiera dinero a sabiendas de las autoridades del municipio, quienes a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos, son permisivos”.

Señaló que con la mediación de ‘Tlachinollan’ “se logró un acuerdo de devolver una parte del dinero que entregaron por este matrimonio arreglado, pero los volvieron a detener porque no estaban conformes con el monto económico que les devolvieron y los obligaron a pagar más dinero”.

Neil Arias aseveró que las autoridades de los municipios donde se registran esos casos “no deben seguir fomentando esta práctica, que es un problema grave, debe haber atención especial en estos municipios”.

Dijo que evitar este tipo de casos es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, pero también las autoridades comunitarias no deben ser “permisivos con esos abusos”.