•  Miembros de 150 familias de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo y Zitlala, aseguran que ni el gobierno federal ni el estatal han “tenido la capacidad de generar las condiciones de seguridad para que puedan retornar” a sus hogares

Jesús Saavedra

Familias desplazadas por la violencia, de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo y Zitlala, denunciaron que a 30 días de haberse instalado en plantón afuera de las oficinas de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, no han sido atendidos por ningún funcionario federal.

A través de un comunicado del Centro Regional de Derechos Humanos ‘José María Morelos’, las familias desplazadas de sus comunidades desde noviembre del 2018, reprocharon las declaraciones del nuevo subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del gobierno estatal, Mauro García Medina quien descalificó sus protestas y les pidió que regresaran a Guerrero.

“Nos apena que alguien a quien le consideran un luchador de izquierda no conozca el contexto y las causas del desplazamiento; no tiene claro, ni comprende, ni entiende, porque nunca lo ha sufrido”, señalaron.

Consideraron “un desatino y un desconocimiento integral del problema” por parte de García Medina, a quien le recomendaron que “lo mejor sería reunir toda la información y correr para alcanzar a las familias que van a cumplir 3 años de haber sido desplazadas” de sus pueblos

Por esa razón lo emplazaron a una reunión pública con los afectados, y le recordaron que la causa de su plantón afuera de la Segob, es la exigencia para que el gobierno federal atienda a 150 familias desplazadas de esos municipios.

“La principal causa del desplazamiento son las concesiones mineras donde las empresas mineras, para su explotación prefieren un territorio sin opositores de ningún tipo”, señalaron.

Recordaron que la pasada administración “se deslindó de la atención de las víctimas, diciendo que como eran grupos delincuenciales, era un problema de Seguridad Nacional, por lo que le correspondía al gobierno federal su atención”.

Señalaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “no ha tenido la capacidad de generar las condiciones de seguridad para que puedan retornar a sus comunidades de origen, llegando a plantear la reubicación de las familias, ni siquiera les ha podido otorgar a todas, la calidad de víctimas”.

Además señalaron que el Centro Morelos “y las familias que representa, desconocen todo acuerdo que el gobierno del estado contraiga con sedicentes representantes de las familias y que solo busquen beneficios personales, ya que esto podría servir para que digan que si se está atendiendo el problema”.

Señalaron que esperan haya acercamiento del gobierno de López Obrador y de Evelyn Salgado Pineda “de manera directa” con ellos, para que les puedan explicar el problema al que se enfrentan más de 150 familias de esos tres municipios desde hace casi 3 años.