- Los expertos internacionales consideran que “continuar por este camino” puede “alertar a presuntos perpetradores” involucrados en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa
Redacción
La publicación de los reportes del Ejército relacionados con las conversaciones que sostuvieron autoridades policiacas municipales con líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, el día de los ataques contra normalistas de Ayotzinapa en Iguala, fue reprobada “enfáticamente” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que participa en las investigaciones.
Mediante un documento dirigido a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ), el GIEI señaló que lo difundido el viernes pasado por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, es “información reservada que desde el GIEI se ha solicitado a entidades estatales para ser presentada en la investigación penal”.
Por ello, los integrantes del GIEI, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Francisco Cox y Claudia Paz y Paz, rechazaron “continuar por este camino que expone la investigación y sus avances, además de alertar a presuntos perpetradores”.
“Ustedes como nosotros conocen que se trata de información reservada, ya que se encuentra dentro de una investigación penal”, agrega.
Asimismo, lamenta que se les haya comunicado la decisión de publicar esos reportes que estaban en poder del Ejército, ya consumado el hecho, porque “como miembros de CoVAJ habríamos esperado ser consultados”, reprocharon.
“Dado que ésta ha sido una decisión inconsultada y ante la posibilidad de que esta conducta se reitere hacemos pública esta comunicación, solicitando que no se repita en el futuro”, indica el GIEI.
El mismo viernes, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez consideró es “riesgoso que se difunda así información sobre una investigación en curso, pues puede comprometer el éxito de la misma”.
Esa organización sostuvo que, como integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, “no participamos de la decisión de publicar así los documentos”.
Advierte el Centro Prodh que con la información difundida por el presidente de la CoVAJ “se confirma que el Ejército ocultó información desde 2014 y que siguió administrándola después de que, por Decreto Presidencial, se le impusiera en diciembre de 2018 la obligación de entregar a las autoridades civiles todos los elementos que tuviera sobre el particular”.
Consideró que “dada la opacidad castrense no puede descartarse que exista más información en su poder”.
Además, advirtió que “ante la posibilidad de que se trate de intervenciones ilegales de comunicación llevadas a cabo por el Ejército, se debe aclarar cabalmente el origen de las mismas”.