Para homologar el Sistema de Fiscalización local con el nacional mediante las tecnologías de la información, y dotar a la Auditoría Superior del Estado con mecanismos distintos y más eficaces en la aplicación de auditorías, mismas que se podrán realizar de manera digital, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, fundamentado por su presidente, diputado Jesús Villanueva Vega, el 11 de enero de este año la Cámara de Diputados federal reformó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para establecer que los procesos de fiscalización podrán ser realizados por la Auditoría Superior de la Federación, de manera presencial o por medos electrónicos, a través de las herramientas tecnológicas.
Por estas razones, Villanueva Vega señaló que era necesario homologar la Ley local para replicar el modelo de un sistema de auditoría y fiscalización. “Es decir, estas reformas proponen dotar a la institución de nuevas disposiciones legales que le permitan instrumentar mecanismos distintos y más eficaces en la aplicación de auditorías”.
Con estas reformas también se fortalece la eficiencia, la oportunidad y la innovación en el proceso de fiscalización a través del uso de tecnologías de información, al utilizar un mecanismo seguro como el Buzón Digital, la Firma Electrónica Avanzada expedida por el Servicio de Administración Tributaria, notificaciones digitales, sello digital de tiempo, entre otros elementos.
Intervenciones
Al participar en relación al “Origen de la familia, la dote y la trata de personas”, el diputado Aristóteles Tito Arroyo expuso que esta costumbre fue impuesta por los colonizadores a los pueblos originarios como una forma de comercio y saqueo de las riquezas, dejando en la miseria a las familias que, cuando procreaban hijas, se sentían en la obligación de entregarlas en matrimonio, algo que se sigue practicando en algunos pueblos por falta de políticas públicas.
Señaló que no se puede criminalizar a los pueblos indígenas por realizar dicha práctica y manifestó que el Estado está obligado a impulsar acciones que generen más desarrollo en las comunidades para acortar la brecha de desigualdad y ayudar en la solución de la problemática.
La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) abordó el tema para destacar que la protección de los derechos humanos es prioritaria, particularmente de las niñas y adolescentes.
Reconoció que sigue habiendo una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas, pero consideró necesario acabar con los matrimonios forzados de menores y garantizarles una vida libre de violencia para su sano desarrollo, lo cual requiere mayor involucramiento y compromiso de las autoridades.
En tanto que la diputada Erika Valencia Cardona (Morena) reconoció que efectivamente hay cierta criminalización hacia los pueblos indígenas, sin considerar los usos y costumbres.
En ese sentido, recordó que presentó una iniciativa para involucrar a las asambleas de los pueblos en la lucha contra la trata de personas, que ayuden a la concientización y que puedan intervenir en los casos de trata de personas disfrazada de dote.