En la sesión ordinaria de este jueves, las diputadas Erika Valencia Cardona y Leticia Mosso Hernández, y los diputados Omar Jalil Flores Majul, Héctor Ocampo Arcos y Antonio Helguera Jiménez se reincorporaron a sus respectivos cargos y funciones como integrantes de la LXII Legislatura.
Además, en esta sesión ordinaria, la Mesa Directiva informó al Pleno del oficio suscrito por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI donde hacen del conocimiento la designación de la diputada María Verónica Muñoz Parra como su coordinadora.
También quedaron de primera lectura los dictámenes por el que se concede licencia por tiempo indefinido a Jorge Sánchez Allec al cargo y funciones de presidente municipal de Zihuatanejo de Azueta; de adición a la Ley del Registro Civil del Estado de Guerrero; de reformas y adiciones a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, y por el que se aceptan las observaciones del Ejecutivo estatal y se deja sin efecto el decreto 227 de reformas a la Ley de Transporte y Vialidad del Estado.
Asimismo, el acuerdo que declara improcedente la solicitud a la Auditoría Superior del Estado de publicar en su página de internet los resultados de las fiscalizaciones concluidas a la Cuenta Pública 2018 y años anteriores, y el dictamen que deja sin efecto la licencia por tiempo indefinido solicitada por Ricarda Robes Urioste, regidora del Ayuntamiento de Acapulco.
Asimismo, quedó de primera lectura el dictamen por el que la LXII Legislatura se adhiere al acuerdo del Congreso del Estado de Querétaro para que se impulsen acciones que establezcan el marco legislativo que haga efectivo el mandato constitucional de promover, respetar y garantizar los derechos humanos frente a las corporaciones tecnológicas en el espacio virtual, y otro para exhortar a la Junta de Gobierno del Estado para que en el marco de sus facultades y atribuciones establecidas en la Ley para la Protección de Personas en Situación de Riesgo del Estado, implemente las acciones y estrategias tendentes a salvaguardar los derechos humanos de los defensores de derechos humanos en Guerrero, así como sus familiares y de aquellas personas involucradas en dicha actividad.