- * Leticia Mosso, del PT, presentó iniciativa para subir de 15 a 20 por ciento el estímulo adicional en el pago sobre remuneraciones que ya se otorga
Gilberto Guzman
La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado para incrementar de 15 a 20% el estímulo adicional en el pago sobre remuneraciones, que se otorga a las empresas que dentro de su plantilla laboral contraten al 5 por ciento de personas con discapacidad, para crear fuentes de trabajo incluyentes y no discriminatorias.
En la sesión del Congreso de Guerrero de este jueves, la legisladora señaló que el derecho a la igualdad y no discriminación, establecidos en la Constitución mexicana, tiene como finalidad garantizar que las personas con o sin discapacidad accedan en un plano de igualdad a las mismas oportunidades en el ámbito laboral, siempre y cuando su condición se lo permita.
Señaló que este derecho es considerado como vertebral y entraña por sí mismo la no discriminación del ser humano bajo ninguna circunstancia ni categoría, que lo pueda colocar en un estado de vulneración y desigualdad en cualquier ámbito de la vida humana en el ejercicio pleno de sus derechos.
Subrayó que el derecho a la igualdad se encuentra reconocido a nivel internacional en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Dijo que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
El Estado adquiere la obligación de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales a las personas con discapacidad, mediante los ajustes razonables y la accesibilidad necesaria para lograrlo, utilizando el máximo de los recursos disponibles y en caso de que estos sean insuficientes, acceder a ellos en el marco de la cooperación internacional.
Leticia Mosso recordó que el Pleno de la 62 Legislatura tomó conocimiento del oficio suscrito por el maestro Luis Raúl González, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por medio del cual remitió el Informe Especial sobre el estado que guardan los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en las entidades federativas del país, el cual fue turnado a las comisiones legislativas de Derechos Humanos y Atención a Personas con Discapacidad, con la finalidad de cumplimentar las conclusiones y propuestas señaladas en el citado informe.
Entre ellas se advierte sobre la necesidad de establecer estímulos fiscales estatales para incentivar la contratación, ingreso, permanencia, provisión de ajustes razonables y crecimiento laboral de las personas con discapacidad en los ámbitos públicos y privados para garantizar el cumplimiento del artículo 123º de la CPEUM.
Tan solo la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 señala que el 8.7% (316 mil 304 personas) de la población del estado de Guerrero tiene una o más discapacidades, mientras que el 16.9% (614 mil 352 personas) cuentan con una limitación.
Por su parte el Censo de Población y Vivienda 2010 indica que de las 129 mil 869 personas con discapacidad estimadas, 73 mil 300 presentaban alguna limitación en la actividad para caminar o moverse, 31 mil 724 para ver, 14 mil 851 para escuchar, 13 mil 151 para atender su cuidado personal, 4 mil 409 de aprendizaje y 12 mil 57 presentaban alguna limitación mental.
Dijo que aunque a nivel local está la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guerrero y la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación, que tienen como objeto establecer las bases para la inclusión en un marco de igualdad y/o equiparación de oportunidades y respetar, proteger, garantizar, prevenir, investigar, sancionar, reparar y eliminar todas las formas de discriminación, respectivamente, la brecha de accesibilidad de personas con discapacidad aún es latente.
Por ello, propuso reformar la fracción VIII del Artículo 78 de la Ley de Fomento Económico, para quedar como sigue:
“Art. 78.- Para los estímulos fiscales que se otorguen a los inversionistas, se establecen los siguientes esquemas de reducción del pago de impuestos y derechos: … VIII.- Del 20 % adicional en el pago sobre remuneraciones al trabajo personal, para aquellas empresas nuevas o ampliadas que contraten dentro de su plantilla laboral un 5 % de personas con discapacidad”.
La propuesta se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo para su análisis y dictaminación correspondiente.