- El exgobernador dijo que “el fiscal Alejandro Gertz Manero fue contundente al señalar que la anterior administración, en un principio le echó la culpa a mi gobierno, lo cual no les funcionó y tuvieron que construir la verdad histórica”
Alondra García
El exgobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que solicitará a la autoridad competente que se le deslinde a él y a su gobierno de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, porque a lo largo de estos seis años ha “cargado una losa” que no le corresponde.
A través de sus redes sociales, el exmandatario perredista destacó los avances de la nueva investigación que se realiza para esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, donde seis personas fueron asesinadas y 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos.
Reconoció que el informe que el gobierno federal presentó recientemente fue “recibido con escepticismo en algunos círculos”, pero “no se pueden desdeñar los avances” que presentaron el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el fiscal especial Omar Gómez Trejo, que determinaron nuevas rutas de investigación.
También consideró que en las semanas y meses que vienen tendría que conocerse quiénes dieron las órdenes a funcionarios de la entonces PGR para dar carpetazo a la investigación y “montar un entramado con el propósito de desviar la atención de los verdaderos hechos”.
“El fiscal Alejandro Gertz Manero fue contundente al señalar que la anterior administración, en un principio le echó la culpa a mi gobierno, lo cual no les funcionó y tuvieron que construir la verdad histórica, que ni fue verdad, y mucho menos histórica”, expuso Aguirre Rivero.
Por ello, anunció que cuando llegue el momento solicitará a las autoridades competentes que se deslinde públicamente a él y a su gobierno del Caso Ayotzinapa, pues todos estos años ha cargado con el peso de esa culpa que no le corresponde.
Aguirre Rivero aclaró que si se descubre que alguna instancia de su gobierno tuvo participación, él será el primero en demandar que se investigue “hasta sus últimas consecuencias”.
Respecto a la nueva estrategia de la FGR para esclarecer el caso, el exgobernador consideró que está en la ruta correcta.
“Romper el pacto de silencio en torno a la desaparición de los estudiantes es una cuesta hacia arriba, pero ya hay indicios de que esto ocurre; ello implica un delicado trabajo que busca construir confianza hacia instituciones desgastadas”, apuntó.
Aguirre Rivero coincidió con los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos en que es necesario que se den a conocer los videos que se tomaron la noche de los hechos desde el Palacio de Justicia de Iguala y que, según dichos de las autoridades, fueron borrados.
Además, señaló que “aún existen muchas cosas que investigar, como la identidad del personaje conocido como El Patrón, de quien poco se ha dicho a pesar de que la CNDH lo señala como el principal responsable de estos condenables hechos”.
Asimismo, dijo que se debe de profundizar en la investigación de los posibles vínculos de algunos estudiantes y quien fungía como director del plantel, con grupos de la delincuencia organizada.
Celebró el anuncio de disponer de las minutas que se levantaron durante 2014 del Grupo de Coordinación Guerrero, en las que se dejó constancia de las acciones que propuso para evitar estos lamentables hechos.
Sin embargo, consideró que “es importante disponer también de las actas que se levantaron en 2012 y 2013 a las cuales no se hizo alusión”.
“Por mi parte, seguiré manteniendo mi postura de seguir colaborando en la investigación hasta que se conozcan los verdaderos hechos”, anotó Aguirre.
Reconoció que existen dificultades para avanzar con mayor velocidad en la investigación, porque el gobierno federal tiene que “nadar a contracorriente de jueces y funcionarios que liberan implicados y filtran información”.
“No es tarea sencilla abrirse paso hacia la verdad cuando la investigación de la PGR estaba plagada de irregularidades y por las cuales hay una agente del Ministerio Público federal consignada; con todo, considero que es entendible la impaciencia a seis años de la tragedia, sobre todo cuando los padres de familia de los estudiantes no conocen el paradero de sus hijos”, expuso.