- Emilio Álvarez criticó que México ocupe el primer lugar a nivel mundial en lo que se refiere a personal de salud muerto por coronavirus, y que no existe claridad sobre el número real de personas contagiadas y fallecidas
Alondra García
El senador independiente Emilio Álvarez Icaza Longoria aseveró que la pandemia de COVID-19 agudizó la desigualdad social que ya enfrentaba el país, y evidenció la incapacidad del gobierno federal y los estatales, para atender la crisis sanitaria.
Este viernes, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) cerró los eventos conmemorativos a su 30 aniversario con un foro, en el que participaron el senador Álvarez Icaza, la presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, y el titular de la institución en Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno.
El covid evidenció y agravó crisis profundas en el país
La primera ponencia estuvo a cargo de Icaza Longoria, quien expuso el tema: Derechos Humanos y Covid-19.
En su intervención, afirmó que la pandemia agudizó una “crisis civilizatoria” y puso en duda el modelo de desarrollo mexicano.
Además, dijo que el COVID 19 “nos pegó en México en tres contextos de dificultad particular”: la desigualdad estructural, el estancamiento económico y la crisis del sector salud.
Explicó que la pandemia “agudizó las desigualdades en un país que ya era desigual”, porque generó un impacto en la economía que agudizó la caída del Producto Interno Bruto (PIB), a cual podría ser mayor a un 10 por ciento este año, según algunas estimaciones.
Álvarez Icaza también señaló que la transición del Seguro Popular al Insabi, en medio de una crisis sanitaria, agudizó los “problemas severos” que ya enfrentaba el sistema de salud pública.
A esto se suma, dijo, el cambio en el modelo de adquisición de medicamentos, generando una “debilidad en la capacidad del Estado Mexicano para atender la salud pública”.
El legislador federal explicó que en medio de este contexto se han conectado seis crisis: la de salud, la económica, la ambiental, la de inseguridad, la social y la política.
En materia de salud, advirtió que existen “focos rojos”, pues México ocupa el primer lugar a nivel mundial en número de elementos del sector médico que han fallecido en medio de la atención al COVID 19.
“Ese es un indicador gravísimo de la gerencia y situación de la pandemia”, alertó.
Además, apuntó que no existe claridad en cuanto a la cifra real de personas infectadas y fallecidas por la pandemia.
En el rubro de inseguridad, alertó que el país “va hacia los años más violentos”, según la estadística de homicidios que se registró en 2019.
Álvarez Icaza advirtió que “se ha recrudecido la pobreza y la crisis social”, situación que “genera mayor tensión y mayor crisis política”.
Por ello, consideró que el Estado Mexicano debería de incorporar las directrices esenciales marcadas por el Sistema de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch, para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención de la pandemia.
Es necesario hacer visibles a los grupos de atención prioritaria
La segunda ponencia estuvo a cargo de Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien expuso el tema de: Grupos de atención prioritaria y derechos humanos.
La ombudsperson señaló la importancia de la colaboración coordinada entre instituciones y las comisiones de derechos humanos de los diferentes estados.
Detalló que entre 2010 y 2015, Guerrero fue el cuarto lugar de origen de migración nacional a la Ciudad de México.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, apuntó que Guerrero ocupó el puesto número 12 como el estado de origen de mujeres que solicitaron la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, la mayoría estudiantes de preparatoria y solteras.
También en materia de salud, indicó que de marzo a septiembre nuestro estado se colocó como el décimo al que se ha brindado mayor atención a enfermos de COVID 19.
En cuanto al padrón de artesanos, productores y comerciantes de la Ciudad de México, detalló que por lo menos 60 personas son de Guerrero, 48 de ellas mujeres que trabajan constantemente en las calles.
En el rubro de protesta social, Ramírez Hernández señaló que actualmente se desarrollan allá las protestas de estudiantes de Ayotzinapa que demandan justicia por sus 43 compañeros desaparecidos hace seis años en Iguala.
La ombudsperson de la Ciudad de México aseveró que “hacer diferencia en grupos de atención prioritaria es hacerlos visibles” y garantiza que se profundice la atención con enfoques diferenciados.
La CDHEG está llamada a trabajar por la pacificación
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, cerró el panel de conferencistas, con una exposición sobre los retos que enfrenta esta institución.
De entrada, precisó que el verdadero aniversario de la CDHEG es el 26 de septiembre, pero desde hace seis años se adelantó un día a la conmemoración para que no coincida con los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos y seis personas resultaron asesinadas.
Navarrete Magdaleno subrayó que Guerrero “siempre ha sido epicentro de los movimientos sociales”, con una población “aguerrida, que no se queda con los brazos cruzados y levanta la voz a la primera acción de injusticia”.
Precisamente por ello, dijo que fue en esta entidad donde surgió la primera Comisión de Derechos Humanos del país con sustento constitucional, que le dio una naturaleza autónoma y un ombudsperson inamovible, que fue Juan Alarcón Hernández,
Recordó que, desde su surgimiento, la CDHEG enfrentó “tiempos muy difíciles”.
“En Guerrero, la desaparición de personas era una situación ordinaria, buscábamos a 500 desaparecidos de la Guerra Sucia, con esa situación nos encontramos cuando se creó la CDHEG, ese fue su primer reto”, expuso.
Navarrete Magdaleno reveló que entre las víctimas de desaparición estaba uno de sus profesores, de quien aún se desconoce el paradero.
Después surgieron más retos para la institución, como las masacres de Aguas Blancas, de El Charco y la ejecución extrajudicial de dos normalistas de Ayotzinapa en la Autopista del Sol.
Además, apuntó que en Guerrero se enfrentan otras situaciones difíciles, como el surgimiento de grupos armados que se asumen como policías comunitarias.
Explicó que en un inicio, las policías comunitarias surgieron para sustituir la ausencia del Estado Mexicano en tareas de prevención del delito, lograron su reconocimiento constitucional y cumplieron su tarea con éxito.
Sin embargo, señaló que “en muchas comunidades se desvinculó la policía comunitaria, se fueron saliendo del área donde alcanzaba su jurisdicción y se crearon grupos que se fueron mezclando con organizaciones criminales”.
Indicó que en ese punto “se vino la lucha por los territorios y llegaron los enfrentamientos armados”.
Navarrete Magdaleno destacó que la CDHEG fue llamada a la mediación y la pacificación y gracias a sus estrategias de diálogo, “tiene buena recepción de parte de esos grupos”.
“En la CDHEG tenemos ese reto que es buscar la paz mediante mesas de trabajo, con entendimiento y concordia; no lo hemos hecho mal porque hemos preservado la vida de muchos guerrerense en esta lucha por territorios que impulsan las oscuras intenciones de la delincuencia”, sentenció.
Respecto al Caso Ayotzinapa, destacó que la CDHEG intervino desde las primeras horas en que ocurrieron los hechos y fue la primera institución defensora de derechos humanos en acompañar a las víctimas.
Desde entonces, dijo, se ha dado acompañamiento permanente a sus protestas para exigir justicia.
También destacó el acompañamiento al movimiento de mujeres que busca igualdad, equidad, justicia y acceso a una vida libre de violencia.
“La CDHEG tiene una gran fortaleza, la gente tiene confianza en esta comisión gracias a sus resultados, pasamos de recibir a la gente en la oficina, a salir a encontrarlos allá donde se generan los conflictos”, destacó Navarrete Magdaleno.