- * A diferencia de los que hicieron lunes y martes en Guerrero, durante su manifestación de este miércoles para exigir resultados por la investigación del Caso Ayotzinapa transcurrió en completa calma
- * El abogado Vidulfo Rosales exigió investigar a policías y militares que estaban “confabulados con Guerreros Unidos” y justificó la quema de edificios públicos porque “es la rabia” de los padres de los desaparecidos
Jesús Saavedra
En la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, están implicados policías municipales de Iguala, Huitzuco, Cocula, policías federales, elementos del 27 Batallón de Infantería del Ejército, quienes estaban “confabulados con Guerreros Unidos” y agredieron “a nuestros compañeros de manera cobarde, asesinando a 3 de ellos y desapareciendo a 43”.
Así lo afirmó el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien durante la manifestación que realizaron padres de los 43 normalistas en la Ciudad de México —en la que no hubo un solo incidente de violencia, a diferencia de los que ocurrió el lunes y martes en Guerrero—, se quejó de que a pesar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la disposición de esclarecer el caso, en el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República (FGR) existen “pactos de impunidad” que no permiten “encontrar la verdad y la justicia” que “se tienen que romper”.
Durante el mitin que realizaron afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el centro de la CdMx, exigieron además que se castigue al expresidente Enrique Peña Nieto; al extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam; al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zeron de Lucio, y al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su responsabilidad indirecta en la desaparición de los estudiantes.
A partir de este miércoles, los padres de los 43 y unos 500 agremiados a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Unidos de México (Fecsum), se manifestaron afuera de la SCJN, donde la señora Hilda Hernández, madre de uno de los muchachos desaparecidos, se quejó de que los jueces brinden protección a los responsables directos de la desaparición de los normalistas.
Señaló que hay quienes se molestan por sus manifestaciones, “pero nunca dejaremos de luchar por nuestros hijos; tenemos rabia, dolor y desesperanza por no encontrar a nuestros muchachos, hay mucha gente implicada que no se puede detener, hay policías de todas las corporaciones y el Ejército los que se llevaron a nuestros muchachos de manera impune”.
La señora Cristina Bautista Salvador, madre de otro estudiantes desaparecido, afirmó que “ha sido muy difícil este camino, no nos hemos rendido y estamos aquí porque hay fallas con los jueces que han liberado a implicados en la desaparición de nuestros hijos”.
Aseguró que como padres les duele que les digan que sus “hijos ya están muertos, pero que nos digan en dónde; así nos decía Enrique Peña Nieto y nos obligó a salir a las calles; si nuestros hijos estaban cometiendo un delito por qué no los encerraron, nos mandaron a llamar, pero los desaparecieron”
Añadió que con sus hijos “desaparecieron 43 sueños de ser alguien en la vida, su único delito fue ser estudiante de la Normal de Ayotzinapa y al gobierno de Peña Nieto se le hizo fácil decir que fue la delincuencia, pero estuvieron involucrados también policías y el Ejército”.
La señora María Martínez dijo en su intervención que estaba triste, pues hace seis años, un día como ayer, su hijo cumplía años y fue a su casa a pasar ese festejo con sus padres, pero tres días después fue desaparecido en Iguala. “Es muy doloroso este día es cumpleaños de mi hijo, hace seis años fue a pasar el cumpleaños a mi casa y este año no lo tenemos, no sabemos nada de ellos desde hace 6 años”, señaló.
Exigió que se agilicen las investigaciones, y criticó que “no es posible que no detengan a los responsables y a los que llegan a detener, no hablan porque saben que les van a dar libertad”.
Pidió que “investiguen y detengan a Ángel Aguirre, quien se pasea como si nada hubiera hecho, pero él es responsable, era gobernador y tiene que pagar por este hecho”.
También expresó que les duele “cuando nos dicen que estamos acá y vendimos a nuestros hijos, no hemos recibido dinero, no pido cosas materiales, pedimos su presentación con vida, así se los llevaron y así los deben regresar”.
Consideró que “el presidente (López Obrador) tiene la mejor disposición, pero es desesperante porque va muy lento, no busquen solo en fosas, busquen en vida, queremos volver a abrazarlos, a verlos y pedirles que se pongan en nuestro lugar, no queremos llegar a otro año más sin mi hijo, sin nuestros hijos”.
El vocero de los padres Felipe de la Cruz Sandoval afirmó que siguen esperando que el Poder Judicial de la Federación “cumpla su compromiso de impartir justicia en este país”, porque “hay jueces que viven de la corrupción y siguen liberando a implicados, como la juez que recibió soborno y liberó al Mochomo (José Ángel Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos)”.
Dijo que no van a descansar “hasta que la justicia regrese al país y se castigue a los responsables que se siguen paseando en la impunidad como Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam y Tomás Zeron de Lucio; nos hacen falta 43 y miles de miles de mexicanos que lloran a sus desaparecidos, vivimos en un país donde nadie está exento de vivir esta pesadilla”, añadió.
En su intervención, el abogado Rosales Sierra afirmó que en la desaparición de los 43 estudiantes están implicados un grupo de policías municipales de Iguala, Huitzuco, Cocula, policías federales, elementos del 27 Batallón de Infantería del Ejército, “confabulados con Guerreros Unidos agredieron a nuestros compañeros de manera cobarde, asesinando a 3 de ellos y desapareciendo a 43″.
El abogado de Tlachinollan subrayó que de acuerdo con identificaciones genéticas, hay la certeza de que al menos dos restos hallados en sitios cercanos al basurero de Cocula pertenecen a dos de los 43 normalistas desaparecidos; “nos ilustran esos datos, que por lo menos habrían sido asesinados de la peor manera, esa es la rabia de padres y madres de familia, de los compañeros normalistas”, aceptó.
Se quejó de que en Guerrero las autoridades del gobierno del estado y del Congreso del Estado “se molestan y gritan porque se quemaron algunos edificios públicos, y la pregunta es por qué procedieron de esa forma contra esos dos compañeros, cuál era su delito, esa maldita policía de Iguala, las policías locales, el Ejército, la Policía Federal, cuál es el orden que cuidan para proceder a arrancar la vida de esos dos compañeros de esa forma”.
Rosales Sierra afirmó que esos dos normalistas fueron “asesinados e incinerados” y cuestionó “¿qué institución del Estado pueda concebir que se proceda de esa forma contra dos estudiantes? ¿No se justifica la digna rabia que tenemos?, y no conforme, el gobierno de Peña Nieto cerró todas las puertas, no quiso investigar, nos pretendió vender una verdad que carece de sustento científico, queríamos que se investigara que se abrieran la puerta y no hubo una sola investigación”, insistió.
Dijo que se preguntan si la decisión de entorpecer la investigación fue algo deliberado, “a quién se estaba ocultando, a quién se estaba protegiendo; porque no encontramos otra explicación válida y objetiva, si tenían conocimiento que participaron en uno de los peores crímenes en el país, por qué no proceder, no procesar a miembros del Ejército. Se optó por construir una ruta de investigación para solapar a esos policías municipales, estatales y federales, al Ejército”, insistió.
Añadió que al gobierno de López Obrador “le pedimos la detención y procesamiento de quienes crearon la mentira histórica”, porque “hay un afán de proteger a responsables. Por eso exigimos romper los pactos de impunidad y castigar con todo el peso de la ley a quienes construyeron esa verdad histórica, luego actuar contra los responsables directos hasta el nivel más alto”.
Reprochó que el gobierno de López Obrador “se ha movido lento en las investigaciones, ha ido despacio, hay obstáculos en la FGR, en el Poder Judicial. Hay un aparato de Estado que no se mueve al ritmo que el presidente quisiera. La investigación no avanza al ritmo que debe de avanzar, a la velocidad que debe de ir para ofrecer verdad, justicia e indicar el paradero de los 43 estudiantes”.
Admitió que les han ofrecido resultados “que indican avances, pero para los padres avance será ubicar el paradero de los 43 estudiantes, saber que pasó, quiénes son los responsables y por qué lo hicieron; es como se debe de proceder si este gobierno tiene posibilidad de esclarecer uno de los crímenes más graves del país debe de proceder y actuar contra todos los responsables al más alto nivel”, finalizó.
A diferencia de sus manifestaciones en Iguala y en Chilpancingo, donde los normalistas provocaron destrozos en el Palacio de Justicia y en el Congreso del Estado, la protesta que realizaron en la Ciudad de México concluyó sin ningún incidente de violencia.
Padres de los 43 y los cientos de normalistas se retiraron en medio de un fuerte operativo de seguridad de policías de la Ciudad de México que protegieron el edificio de la SCJN. Este jueves continuarán sus actividades con una manifestación en el Consejo de la Judicatura Federal.