Jesús Saavedra
Una veintena de afiliados al Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos (FNLP) protestaron afuera del penal estatal de Ayutla de los Libres, para demandar al gobierno federal la inmediata excarcelación de al menos 25 personas a las que consideran presos políticos, una vez que se ha aprobado la Ley de Amnistía en nuestro país.
Durante la manifestación, el dirigente de esa organización, Hoger Morales Miranda, dio lectura a un documento que enviaron al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, en el que le piden que se haga efectiva esta Ley de Amnistía para 25 personas presas de manera “injustificada” en Guerrero.
En el escrito piden que “con fundamento en lo establecido en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1 y 3 de la Ley de Amnistía Publicada en el Periódico Oficial de la Federación el 22 de abril de 2020, venimos a solicitarle tenga a bien ordenar a quien corresponda para que se autorice como beneficiarios de la denominada Ley de Amnistía a los presos políticos y de conciencia del Estado de Guerrero”.
Aseguran que estos presos de conciencia, están procesados o purgando penas por delitos que no cometieron, los cuales en su momento se les fabricaron por su forma de pensar, es decir, por pertenecer a un partido político o por su formación ideológica.
Afirmaron que es injusta la situación en que se encuentran esas 25 personas y confiaron en que este gobierno ponga freno a la política represiva de mantener en las cárceles a presos políticos o de conciencia, y se inicien los trámites necesarios para conseguir su libertad.
También hacen un llamado a las autoridades penitenciarias a disminuir la densidad de las prisiones a un 70 u 80 por ciento, ante la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial, como lo han propuesto organismos internaciones en defensa de los derechos humanos.
Exponen que de no cumplir el Estado Mexicano con las disposiciones internacionales en materia de salud, estaría incurriendo en graves delitos por omisión, y de tener consecuencias fatales, en crímenes de lesa humanidad.