- * Adultos mayores, mujeres embarazadas o madres que cuidan a sus hijos, entre sectores vulnerables beneficiados, dijo el gobernador Héctor Astudillo en reunión con el presidente del TSJ, Alberto López
Gilberto Guzmán
El gobernador Héctor Astudillo Flores solicitó al Poder Judicial de Guerrero, la liberación de 150 presos, entre adultos mayores, mujeres embarazadas o madres que cuidan a sus hijos dentro de las cárceles de la entidad, que purgan penas por delitos menores, para así reducir los riesgos de nuevos contagios de Covid 10 en las cárceles del estado.
En un mensaje junto al presidente del Tribunal Superior de justicia, Alberto López Celis, el mandatario señaló que la emergencia sanitaria del Coronavirus afecta a muchas personas en el mundo, en el país y en el estado, sobre todo a las personas con mayor vulnerabilidad, y que dentro de los reclusorios de Guerrero hay personas vulnerables como adultos mayores, embarazadas, mujeres que cuidan a sus niños dentro del centro penitenciario.
En ese punto, informó que en el ejercicio de sus facultades como titular del Poder Ejecutivo ha instruido al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y al secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, que elaboren la solicitud al Poder Judicial, en atención a la legalidad, para que alrededor de 150 personas sentenciadas puedan obtener su libertad en los casos donde se demuestre su condición de vulnerabilidad frente al Covid 19.
Mencionó que el proceso de preliberación se cumpliría en dos grupos: uno que tiene que ver con personas que ya están cumpliendo sus penas, o que en los próximos meses van a cumplir sus penas, para que se les pueda adelantar su libertad “por haber cumplido con todos los mandamientos de la sentencia que les fue establecida por algún juez”.
Y el otro grupo tiene que ver con personas que puedan tener un movimiento que les permita tener su libertad, “todo esto, obviamente, cuidando los derechos de las víctimas, por supuesto, y haciéndolo dentro de lo que nos permite la ley”.
Subrayó que son 150 personas que a partir de este lunes paulatinamente podrían ser liberadas, “para sumar esta medida más a todas las que hemos venido tomando para enfrentar esta pandemia que le ha pegado al mundo, a México y a Guerrero, y que es una medida humanitaria pero también es una medida sanitaria para dentro de los reclusorios”.
Ante el magistrado presidente Alberto López Celis, el gobernador Héctor Astudillo dijo que también que se analizará la situación legal de los internos que puedan acceder a alguno de los beneficios de preliberación establecidos en la ley por encontrarse próximos a cumplir su condena, o bien, a la preliberación por política penitenciaria, si cumplen los requisitos establecidos por las normas de la materia.
La medida se adoptaría a efecto de evitar la probable pérdida de vidas humanas en espacios e instituciones cuya población se encuentra en desventaja social, debido a la crisis sanitaria originada por el Covid 19, como son las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la entidad.
Posteriormente, el Gobierno de Guerrero detalló que en la solicitud que se hace al presidente del TSJE, se plantea que de acuerdo con el diagnóstico preliminar de la autoridad penitenciaria local, podrían obtener su libertad 45 personas sentenciadas y próximas a compurgar su pena en los meses de mayo-diciembre de 2020, susceptibles de obtener los beneficios de preliberación.
De igual manera, otros 103 internos podrían alcanzar este beneficio de libertad por criterios de política penitenciaria y lograr que este beneficio llegue a alrededor de 150 personas.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia explicó que en la solicitud se plantean dos paquetes: El de los internos que están ya por cumplir su sentencia y la de los que no tienen un delito grave y que pueden alcanzar esta preliberación en los próximos días.
No obstante, López Celis precisó que estas liberaciones serán conforme a la ley y “serán los jueces de ejecución penal competentes los que, en cada caso, con la intervención de la Fiscalía y la defensa, determinen si procede o no el otorgamiento de la preliberación”.