- * A los grupos armados que operan en la ilegalidad se debe aplicar la ley, indicó el secretario de Gobierno
Gilberto Guzmán
Después de que el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo el martes que la Constitución no contempla ni contemplará que existan ciudadanos armados “en demasía”, el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, declaró que el gobierno de Guerrero está abierto a todas las propuestas que permitan reformar la Ley 701 que regula la actuación de las policías comunitarias, pero advirtió que a los grupos armados y delincuenciales se les tiene que aplicar la ley.
Entrevistado después de encabezar un evento por el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el zócalo de Chilpancingo, un reportero le preguntó si el gobierno estatal plantea nuevas modificaciones a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos indígenas, que regula a las policías comunitarias.
“Aquellas que sean viables, el gobernador ha dicho a quienes han propuesto reformas que estamos abiertos a ellas, en tanto tengan viabilidad, para eso se requiere el diálogo, y nosotros vamos a tener la próxima semana una reunión con algunos diputados con el propósito de que nos pongamos de acuerdo”, respondió el funcionario.
Afirmó que “no hay un dogma en relación a estas normas” y que todo lo que sirva para mejorar la legislación lo van a proponer.
No obstante, subrayó que se tiene que cuidar que no se dé entrada a propuestas que caigan en lo inconstitucional.
Indicó que en la actual legislación hay puntos muy claros respecto a la integración de las policías comunitarias, como el hecho de que tienen que ser habitantes de la comunidad que corresponda, ser electos en asamblea para asegurar que sean vecinos y deben responder al mandato de sus autoridades comunitarias.
Además, actuar en la zona de influencia de las propias comunidades, y no usar armas exclusivas del Ejército.
“Creo que ahí no hay nada que se contraponga a los derechos de los pueblos indígenas, al contrario, aseguramos que las policías sean legítimamente de los pueblos y se eviten infiltraciones que pueden ser de grupos criminales”, mencionó.
El funcionario aceptó que no se ha procedido a desarmar a grupos que operan como policías comunitarias por una problemática que se ha acumulado en la entidad, y que el gobernador Héctor Astudillo ha buscado siempre que a través del diálogo se lleguen a acuerdos, lo cual ha permitido reconocer a algunas policías comunitarias que sin estar debidamente registradas responden a los requisitos establecidos.
Pero “los que son grupos armados delincuenciales, el Estado, tanto el gobierno federal como el estatal y el municipal, actuarán como lo han hecho hasta ahora”.
Tiene el gobierno registro de mil 500 desplazados
Florencio Salazar también respondió a las críticas de la Iglesia Católica en el sentido de que el Gobierno de Guerrero no tiene una estrategia para atender a los desplazados por la violencia de sus comunidades.
“Por supuesto que tenemos programas, protocolos y hay una estrategia, tan es así que los desplazados de Guayameo y los últimos recientes de Zihuaquio, inmediatamente se levantó el censo y se le dio apoyo humanitario”, explicó.
Detalló que el apoyo humanitario inmediato consiste en despensas y colchonetas, porque es lo que requieren las familias desplazadas en ese momento, y después se tiene que ver si desean volver a sus comunidades para determinar si se implementa un mecanismo de retorno seguro o darles una ubicación permanente en coordinación con el gobierno federal.
Salazar Adame agregó que con los recientes desplazados el gobierno tiene un registro de mil 500 personas en esa condición, básicamente de los municipios de General Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Zitlala, Zirándaro, y otros dos municipios, de diferentes momentos en los últimos dos años.
Sin embargo, reconoció que hay otras cifras de desplazamientos que el gobierno no registra porque de pronto la gente sale de sus comunidades por su propia cuenta