- * Líderes de la CRAC y habitantes de Alcozacán, municipio de Chilapa, exponen ante el gobernador el acoso que han sufrido de parte de comunitarios Por la Paz y la Justicia
- * El mandatario afirma que “tenemos que poner un alto a la confrontación y buscar los mecanismos que estén a nuestro alcance para lograr la pacificación”
Alondra García
Luego de que el gobernador Héctor Astudillo Flores acudió este viernes a la comunidad de Alcozacán, para dialogar directamente con las familias de los indígenas asesinados la semana pasada, y con representantes de la CRAC-PF, habitantes de ese lugar aceptaron desarmar a niños y adolescentes y no permitir que participen en la defensa contra los ataques que sufren por parte de miembros del grupo delictivo Los Ardillos.
El miércoles 21 de enero, los pobladores anunciaron la inclusión de 19 menores de edad en las actividades de seguridad que realiza la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Argumentaron que era una medida desesperada tras el asesinato de 10 músicos de la comunidad a manos de Los Ardillos, grupo criminal que ha asesinado a 28 pobladores en el último año.
El gobernador Astudillo Flores visitó este viernes esa localidad del municipio de Chilapa de Álvarez, donde encabezó una mesa de trabajo con los habitantes de ese y otros 15 pueblos que padecen la violencia del grupo delictivo.
El mandatario estatal indicó que en el trayecto a la reunión se topó con un retén de hombres armados en el crucero que conduce hacia El Jagüey.
Los pobladores de Alcozacán indicaron que se trata de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, grupo al que ubican como brazo armado del cártel Los Ardillos, el mismo que en mayo de 2015 sitió durante varios días la ciudad de Chilapa y desapareció a cuando menos 16 personas.
Afirmaron que los pistoleros de Paz y Justicia son los responsables de la violencia, muertes, desapariciones y desplazamientos forzados que se registran en la zona desde hace algunos años.
Denunciaron que esos hombres armados suelen instalarse en un cerro cercano al panteón de Tula y desde ahí realizan disparos contra la población, sin importar si se trata de ancianos, mujeres o niños.
Los campesinos y artesanos de la localidad también reprocharon que ya no pueden ir a vender sus productos a los mercados dominicales de Chilapa y Hueycantenango, porque los sicarios los interceptan en el camino, los desaparecen o los asesinan.
Por ello, demandaron la presencia permanente de la Guardia Nacional en sus comunidades y sobre la carretera federal.
Tras llegar a acuerdos satisfactorios en materia de seguridad con el gobernador y los representantes de los tres niveles de gobierno, los pobladores se comprometieron a no involucrar a niños y adolescentes en actividades armadas de la Policía Comunitaria.
También aceptaron el retiro del bloqueo que mantenían sobre la carretera Chilapa-Hueycantenango desde hace siete días.
La estrategia de seguridad
El gobernador Héctor Astudillo Flores les informó que la tarde del jueves se reunió en la Ciudad de México con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
Dijo que el funcionario federal tomó conocimiento de la situación de violencia que prevalece en Chilapa y estableció líneas de colaboración con el gobierno del estado para atender la problemática.
Como resultado de ese encuentro, la próxima semana se instalará en Chilapa una Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
La mesa permitirá “tener más conocimiento y control” de la seguridad en Chilapa y municipios vecinos, apuntó el gobernador.
También les informó que este viernes encabezó la reunión de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en la que se definieron algunas estrategias de seguridad.
“Tenemos que poner un alto a la confrontación y buscar los mecanismos que estén a nuestro alcance para lograr la pacificación. Las cosas no pueden seguir así, no es posible aceptarlo, por eso traemos planteamientos concretos para contener la violencia”, expuso Astudillo Flores.
“El interés de todos es que cuidemos a los niños, yo les hago un planteamiento respetuoso, no voy a cometer ningún exceso aquí porque no es mi estilo, yo vengo con el propósito de ayudar y tratar de resolver un problema que a mí también me preocupa y me ocupa mucho, yo se los planteo como gobernador y como su amigo. Miren, los niños tienen becas, hay que hacer que vayan a la escuela, me van a decir, es que no hay clases, yo voy a ver que haya clases”, puntualizó el mandatario.
Como parte de los acuerdos de seguridad con los pobladores, se definió la instalación de dos puestos permanentes de seguridad en los que participarán la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía del Estado.
El primer puesto se instalará en el crucero que conduce al panteón de Tula y el otro en el crucero que va de Rincón de Chautla hacia Chilapa.
Asimismo, se acordó que existirá comunicación permanente entre los pobladores y los comandantes de las tres corporaciones de seguridad, para atender de manera inmediata cualquier amenaza de violencia.
Además, se pactó que habrá patrullajes permanentes en las rutas de conflicto y se establecerá un acompañamiento a los campesinos los días domingo, cuando acuden a vender sus productos a las cabeceras municipales de Chilapa y José Joaquín de Herrera.
También habrá recorridos de seguridad todos los días de Rincón de Chautla hasta Hueycantenango.
Astudillo Flores también planteó la posibilidad de establecer una mesa de diálogo con el grupo de Comunitarios por la Paz y la Justicia.
El objetivo es lograr acuerdos de paz con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria – Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y terminar de manera definitiva con el conflicto que ha generado violencia en la zona.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado estableció el compromiso de profundizar las investigaciones por los ataques armados que se han registrado en la región, para garantizar que haya justicia.
En la mesa de trabajo entre pobladores y autoridades también se establecieron acuerdos para garantizar bienestar a las familias que han sido víctimas de la violencia.
Se informó que las viudas de los 10 músicos asesinados el 17 de enero de este año recibirán mensualmente una canasta alimentaria por parte de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV).
Por petición de los pobladores, se acordó la inclusión de otras 14 mujeres que enviudaron en diferentes hechos delictivos.
También se apoyará a 66 niños y adolescentes que quedaron huérfanos en el último ataque y en hechos distintos, para que continúen con su formación educativa.
Asimismo, se atenderá a 24 personas desplazadas que permanecen refugiadas en Rincón de Chautla.
El gobernador anunció que se levantará un censo por familia para identificar y atender sus necesidades específicas.
Respecto al caso de los 10 músicos asesinados, el gobierno del estado cubrirá el costo de sus instrumentos, camionetas y equipo de trabajo, para que las familias puedan retomar su actividad económica.
Sobre los cuerpos de los cinco músicos que aún no se entregan a las familias, el fiscal general del estado explicó que permanecen en las instalaciones del Servicio Médico Forense de Chilpancingo porque no se ha logrado su identificación.
Explicó que el proceso ha sido lento debido al nivel de calcinamiento de los cadáveres.
Detalló que ya se tomaron muestras genéticas, pero tardarán de 12 a 15 días para establecer los perfiles e identificarlos.
Una vez que se tenga certeza de la identidad de cada cuerpo, se entregarán de manera inmediata a las familias.
Respecto al servicio educativo, un profesor confirmó que no hay clases regulares en 27 escuelas de la zona debido a la violencia.
El gobernador se comprometió a establecer una estrategia de seguridad especial para garantizar la integridad de los estudiantes y maestros, de tal manera que se retomen las clases.
“Hay que darles a los niños otra vida, una vida mejor”, expuso.
En ese punto, el gobernador manifestó su desacuerdo en que los menores de edad sean reclutados por la Policía Comunitaria.
“Es de interés del gobierno del estado, del federal y de todos que cuidemos a los niños; yo les hago un planteamiento respetuoso, no voy a cometer ningún exceso aquí porque no es mi estilo, yo vengo con el propósito de ayudar a resolver un problema que a mí también me preocupa y me ocupa mucho (…). Los niños tienen becas, hay que hacer que vayan a la escuela, yo veré que haya clases”, expuso Astudillo.
Ante los compromisos pactados, los pobladores desistieron de utilizar a los niños en actividades armadas y se comprometieron en llevarlos a la escuela.
También acordaron el retiro del bloqueo que mantenían desde hace siete días sobre la carretera federal Chilapa-Hueycantenango.
En la mesa de trabajo participaron el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno; el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila; el alcalde de Chilapa de Álvarez, Jesús Parra García; el secretario de Seguridad Pública del Estado, David Portillo Menchaca y el inspector general de la Guardia Nacional, coronel Gilberto Crisóstomo Alvarado.