- * El director del Centro ‘Morelos’ explicó que lo que pretendían era dialogar con los elementos de la Guardia Nacional para que “se quedaran brindando protección en esas comunidades”
- * Acusó que policías estatales le robaron dos computadoras, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación personal y de esa organización no gubernamental, y exigió que se los regresen
Jesús Saavedra/Redacción
CHICHIHUALCO.— Las familias de desplazados de pueblos de Leonardo Bravo no tenían la intención de retener por la fuerzas a los elementos de la Policía del Estado y la Guardia Nacional, cuando les cerraron el paso el sábado pasado en Chichihualco, aunque sí pretendían que estos últimos “se quedaran brindando protección en esas comunidades”, aseguró el director del Centro ‘José María Morelos’, Manuel Olivares Hernández.
En conferencia de prensa en Chichihualco, en la que estuvo acompañado de familias que desde noviembre del año pasado abandonaron sus hogares en al menos una docena de localidades del municipio de Leonardo Bravo, el activista acusó que policías estatales le robaron dos computadoras, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación personal y de esa organización no gubernamental, por lo que los emplazó a que se le regresen sus pertenencias.
Después de los momentos de tensión que se vivieron durante la tarde-noche del sábado, cuando intentaron retener por la fuerza a los elementos de la policía estatal, de la Guardia Nacional y del Ejército, que regresaban de un operativo tras los enfrentamientos entre civiles ocurridos en Carrizal de Bravos y El Naranjo, Olivares Hernández ofreció una conferencia de prensa en la que se deslindó de lo ocurrido el sábado.
Lo hicieron en el punto conocido como La Ermita o en el crucero a la comunidad de Carrizal de Bravos, en la carretera Chichihualco-Chilpancingo, en donde se registraron los momentos de mayor tensión porque los desplazados intentaban retener a los uniformados para que autoridades les ofrezcan una solución a su exigencia de que les garanticen seguridad para regresar a sus pueblos.
El sábado, en ese lugar atravesaron una retro excavadora en los dos carriles de esta vía de comunicación, que impedía el paso del convoy que venía en tránsito desde la localidad de El Naranjo, con 4 personas detenidas en esa localidad, además que al menos media docena de vehículos eran arrastrados con grúas hacia esta capital.
Además, señalaron que “de las familias desplazadas no hubo ningún detenido y si esos 4 detenidos los quieren involucrar con este movimiento, nos deslindamos totalmente”.
Olivares Hernández se deslindó del intento por retener a los elementos de las fuerzas de seguridad y dijo desconocer quiénes trataban de impedir el paso del convoy, aunque él estuvo en el lugar de los hechos.
Explicó que él llegó a ese sitio cuando regresaba a Chilpancingo al haber “concluido nuestra labor con las familias desplazadas” y que en ese punto fue detenido, golpeado y sometido a abusos por parte de los uniformados.
El activista mostró la camioneta en la que viajaba, una doble cabina, marca Nissan, que quedó con las cuatro llantas ponchadas, las ventanas rotas y los espejos laterales también. “Lo que sucedió fue una afrenta que sufrimos junto con las familias desplazadas y lo cual es lamentable, porque los hechos demuestran la insensibilidad del gobierno”, afirmó.
Señaló que él y las familias de desplazados tuvieron conocimiento de ataques ocurridos en pueblos de Chichihualco por parte del grupo de la policía comunitaria de Tlacotepec, y recordó que apenas “el viernes sepultamos a doña Lucía Trujillo Guzmán, quien falleció a consecuencia de un derrame cerebral, que ha provocado pues mucha tristeza en las familias desplazadas que tienen que ser sepultadas en lugares lejos de sus hogares”.
Explicó que ante los hechos de violencia, las familias desplazadas se enteraron del operativo de seguridad y acordaron en una asamblea que en cuanto los uniformados entraran a Chichihualco, “los iban a presionar para que no se fueran y se quedarán brindando protección en esas comunidades que son constantemente asoladas por ataques armados sorpresivos”.
Olivares Hernández recordó que el 27 de marzo pasado se firmó una minuta con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, en la que se acordaron apoyos económicos a las familias desplazadas y la instalación tres filtros de seguridad a cargo del Ejército y que ahora reclaman sea de la Guardia Nacional.
Esos tres filtros de seguridad se debieron instalar en la comunidad de Carrizal Bravos y El Naranjo, en Leonardo Bravo, y uno más en el paraje conocido como La Quebradora, a la salida de Chilpancingo hacia esta cabecera municipal; “esa era la intención de platicar con los responsables del operativo encabezado por la Policía del Estado a través de los UFES, acompañados de la Guardia Nacional y del Ejército”, justificó.
Recordó que la demanda más importante de esas familias desplazadas “es la seguridad, pero los UFES iniciaron una agresión a los pobladores a pesar que habíamos hablado con el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, y se dio la orden que nos desalojaron; hubo muchas personas golpeadas por el exceso de violencia con la que se condujeron los Policías del Estado, quienes fueron muy violentos e incluso cortaron cartuchos, apuntando directo a las personas a quienes amagaban con disparar”.
Denunció que a la abogada del Centro ‘José María Morelos’, Teodomira Rosales Sierra, la tiraron al piso y una policía le apuntó directo al pecho y amagó con dispararle.
Olivares Hernández añadió que “se maneja una versión que pretendíamos impedir el operativo; falso, lo que pretendíamos era que no se retiraran y que brindarán seguridad como se había acordado desde marzo”.
Denunció que en el punto conocido como La Ermita “nos retirábamos hacia Chilpancingo y nos cortaron cartucho, y en este lugar nos estacionamos, a la camioneta la destrozaron, sacaron nuestras mochilas con computadoras, cámaras fotográficas, documentación que avalan la propiedad de la camioneta, nos quitaron los teléfonos, dinero, documentación personal y los UFES actuaron como verdaderas aves de rapiña”.
Aseguró que en ese punto los policías estatales que lo detuvieron y golpearon, “insistían que apoyamos a un grupo de la delincuencia y somos claros en el Centro ‘Morelos’ apoyamos a las familias víctimas de desplazamiento y si alguien tiene un delito que merece castigo que lo hagan”.
Indicó que la demanda “es la devolución de todo lo que nos robaron, la reparación de la camioneta” y “dos teléfonos, dos computadoras, dinero en efectivo” y señaló que les preocupa que en las dos computadoras que se llevaron estaban trabajando en el censo que pidió la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal.
En la conferencia, uno de los desplazados pidió la palabra y señaló que ellos no son “ningunos delincuentes, queremos vivir en paz, esto lo sabe bien el gobernador Héctor Astudillo Flores y ayer no queríamos pelear queríamos que nos brindarán seguridad y nos amenazaron encapuchados, nos dijo uno voy a matar a un pendejo para que entiendan. Qué clase de autoridades tenemos porque no valemos para las autoridades, si hubiese puesto un hasta aquí ya estuviéramos en nuestras casas”.
Don Rigoberto, un hombre de avanzada edad, dijo que si las autoridades insisten en decirles “que somos delincuentes que nos acusen, nosotros sólo estamos pidiendo paz y tranquilidad, andamos como pelotas de un lado a otro sufriendo y lo que pedimos es el resguardo de los caminos y que haya condiciones de seguridad para regresar a nuestros hogares”.
Aseguró que si no les regresan el equipo a sus asesores del Centro ‘Morelos’, en las próximas horas podrían trasladarse a Chilpancingo para realizar bloqueos en el bulevar que conecta con la Autopista del Sol, aunque por la tarde se sabía que ya había comunicación con funcionarios del gobierno del estado para atender su petición.