- * Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa consideraron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe reabrir las investigaciones por los asesinatos de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, ocurridos en la Autopista del Sol
Jesús Saavedra
Normalistas de Ayotzinapa y abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’ han pedido formalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República (FGR), que se reabran las investigaciones por el desalojo violento ocurrido el 12 de diciembre del 2011, en donde fueron asesinados a tiros los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.
Así lo informaron este jueves en el marco del octavo aniversario del crimen de los dos normalistas, luego de que realizaron una marcha desde el mercado central, al norte de la ciudad, hasta el sitio conocido como ‘El Parador del Marqués’, donde ocurrió el desalojo violento en el que también resultó herido gravemente un empleado de la gasolinería Eva, Gonzalo Rivas, quien murió varias semanas después debido a las graves quemaduras que sufrió ese día.
En la marcha llevaban pancartas exigiendo justicia, pues a ocho años de ese crimen no hay ninguna persona sujeta a proceso penal y el caso sigue impune; en particular exigen que se aclare el crimen de los dos estudiantes y se deslinden responsabilidades en el gobierno federal y estatal.
Durante su marcha, los normalistas realizaron pintas en paredes de edificios públicos y en la infraestructura urbana. Cuando pasaron por el edificio que alberga las oficinas de la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática, los estudiantes pintarrajearon la fachada del inmueble y arrojaron petardos hacia el interior.
La manifestación siguió su trayectoria hasta El Parador del Marqués, pero en el trayecto, a la altura del puente elevado del museo La Avispa, se registraron dos accidentes; el primero de un automovilista que provocó que un motociclista derrapara sobre el pavimento y el conductor saliera con lesiones, y otro más de una camioneta que se chocó contra el costado de un tráiler que circulaba por el carril de alta velocidad.
Los normalistas aseguraron que en el desalojo de hace 8 años intervinieron 71 elementos pertenecientes a la Policía Federal adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Federal; 50 policías pertenecientes a la división de Fuerzas Federales, y 11 a la división de Seguridad Regional; 73 elementos adscritos a la Policía Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, y 34 de la Policía Estatal Preventiva.
Aseguraron que el “uso desproporcionado de la fuerza contra las protestas sociales es una práctica sistemática de los gobiernos; en Guerrero hay una deuda histórica que no ha sido saldada desde la guerra sucia; por eso, estos hechos infames deben de investigarse a fondo para poder transitar a un Estado donde prevalezca el respeto a los derechos humanos y el combate frontal a la impunidad, que garanticen verdad, justicia y reparación integral del daño”.
Aseguraron que las familias de los dos normalistas “siguen buscando que se cumpla su derecho a la verdad, es decir su derecho a saber quiénes ordenaron reprimir con balas la manifestación en la Autopista del Sol, pero también quiénes tuvieron conocimiento de los hechos y no hicieron nada para impedirlo, y finalmente quiénes manipularon las pruebas para encubrir a los responsables”.
Indicaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH), emitió una recomendación, pero “las investigaciones se encuentran estancadas y más bien se sigue encubriendo a los responsables materiales e intelectuales. Por lo mismo, el clima de impunidad es lo que impera en nuestra entidad, y es lo que sigue permitiendo la consumación de graves violaciones a los derechos humanos”.
El abogado de ‘Tlachinollan’, Vidulfo Rosales Sierra, lamentó que el caso siga en la impunidad, “no se ha logrado resolver, se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en esa instancia es un trámite muy lento”.
Explicó que en Guerrero “el caso está cerrado, hay una posibilidad de reabrir el asunto, pero no se ha hecho, y el nuevo titular de la FGR (Alejandro Gertz Manero) tiene la posibilidad de abrir una investigación contra las autoridades federales que participaron en la agresión, pero no lo han hecho”.
Dijo que han solicitado de manera formal al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, “que se reabra la investigación contra todos los que resulten responsables incluido el exgobernador Ángel Aguirre Rivero; el exprocurador, Alberto López Rosas, y el exsecretario de Seguridad Publica, Ramón Almonte Borja”.
La marcha concluyó en El Parador del Marqués, donde construyeron un nicho con unas cruces de madera en memoria de los dos normalistas asesinados y colocaron dos ofrendas florales; se realizó un mitin en el que el clamor de justicia fue general de estudiantes, activistas sociales y familiares de los dos muchachos asesinados.
Al finalizar la manifestación, llegó el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien manifestó su solidaridad con las familias y estudiantes de Ayotzinapa, “Estamos con ustedes, estaremos con las causas justas y particularmente con los caídos de Ayotzinapa, incluidos con los padres de los 43 desaparecidos”, dijo.
Añadió que el asesinato Herrera Pino y Echeverría de Jesús, sumado a la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, “es una llaga que sigue abierta en el corazón de México, de Guerrero y de Ayotzinapa; es una llaga que se va a cerrar cuando sepamos la verdad y se haga justicia por todo esto”.
Rangel Mendoza agregó que la iglesia católica “estará del lado de los indefensos y estaremos en contra de quienes rompan las normas, contra aquellos que no aprecian la vida, que no aprecian la dignidad de las personas”.