- * Desde hace 20 años los gobiernos municipales han depositado los residuos sólidos en ese lugar, el cual no cumple con las normas para evitar afectaciones al medio ambiente, señala
Alberto Solís
COYUCA DE BENÍTEZ.— La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), da seguimiento a la Recomendación 47/2018 en la notificó a los tres órdenes de gobierno por el daño ambiental y a la salud que ocasiona el basurero a cielo abierto de este municipio de la Costa Grande, en donde se pide la reparación de las afectaciones y la construcción de un relleno sanitario que cumpla con lo que establece la ley.
Por su parte, el director de Área de la Sexta Visitaduría General, Jorge Manuel Hori Forjaco, detalló que desde hace 20 años autoridades municipales han depositado los residuos sólidos recolectados en un basurero ubicado en la comunidad El Infiernillo, el cual no cumple con las normas sanitarias para evitar afectaciones al medio ambiente.
En este lugar, de unas dos hectáreas, son depositadas diariamente 42 toneladas de desechos sólidos que generan los 73 mil 460 pobladores, provocando la exposición de los ciudadanos a contaminantes tóxicos como gas metano, contaminantes volátiles, dióxido de carbono y óxido de azufre, los cuales han degradado el ambiente y superado los límites máximos permisibles.
Mencionó que al no contar con las especificaciones necesarias para la degradación de la basura, el tiradero emite escurrimiento de contaminantes de metales pesados, compuestos orgánicos y productos farmacéuticos que han dañado el suelo y cuerpos de agua de “16 localidades en las que habitan cuatro mil 830 personas, quienes recienten las afectaciones por el humo, la fauna nociva y la contaminación de las aguas de al menos cinco pozos”.
Las autoridades implicadas en la recomendación son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el gobierno del estado y el gobierno de Coyuca de Benítez encabezado por el priísta lopezobradorista, Alberto de los Santos, a quienes recomendaron trabajar de manera conjunta para clausurar y cerrar el basurero a cielo abierto, así como habilitar uno que cumpla con las normas y leyes para el tratamiento de los desechos sólidos, y dar tratamiento a la basura ya existente.
Hori Forjaco agregó que serán presentadas quejas y denuncias en contra de los funcionarios involucrados por “acción u omisión” en el tema, las cuales se realizarán en la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República (FGR), con la finalidad de que éstos sean sancionados conforme a la ley.
La recomendación fue emitida en el mes de diciembre de 2018 y ya fue aceptada por las cuatro autoridades implicadas, en la actualidad, se encuentran en la etapa de la aportación de pruebas, para posteriormente dar continuidad al procedimiento que marca el organismo.