Jesús Lépez
Mucho se ha dicho que es en el campo de la inteligencia donde el Estado debe ir un paso delante de la delincuencia. La iniciativa anunciada por Alfonso Durazo Montaño sobre el registro de chips de teléfonos celulares intenta un cambio positivo en la estrategia de seguridad.
Y es que las compañías de teléfonos celulares por años se han dado gusto regalando y vendiendo indiscriminadamente chips con los cuales cualquiera puede cambiar de número a un mismo aparato móvil cuantas veces le venga en gana.
Si usted compra un teléfono en el centro de atención a clientes, le dan un chip de regalo; si va a una tienda de conveniencia o incluso en puestos callejeros, puede adquirir uno.
Durante la inauguración de la 26 Reunión Nacional del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico Contra el Secuestro, en Acapulco, Durazo Montaño dijo que los secuestradores suelen usar y desechar incluso en diferentes estados unos diez en cada golpe que dan, lo cual dificulta su geolocalización por parte de las autoridades.
El subsecretario Ricardo Mejía Berdeja recordó incluso que en Guerrero en el mes de junio se dio el caso de un niño secuestrado en Petatlán, en el que los criminales intercambiaban frecuentemente los chips.
Por lo que consideró que la unidad antisecuestros de la Fiscalía de Guerrero a cargo de Jorge Zuriel de los Santos Barrila, realizó “un trabajo espléndido de inteligencia”, ya que aun así lograron ubicarlos y capturarlos en el Estado de México en coordinación con corporaciones federales y de esa entidad.
Se entiende que con el registro que se propondrá se facilitaría esa labor, aunque no detalló en qué consiste, pues actualmente para activar los chips si se pide proporcionar vía telefónica un nombre y una CURP, aunque obviamente no es garantía de que quien activa sea realmente la persona a cuyo nombre queda registrado el número.
Pero el hecho de que la federación se esté “cambiando el chip” en materia de seguridad es un avance que debió darse hace mucho tiempo en esta era tecnológica.
Aunque no es de extrañarnos el atraso, en materia de extorsión telefónica por ejemplo, el Congreso de Guerrero a propuesta del diputado de Movimiento Ciudadano, Arturo López Sugía, ha exhortado a que se instalen inhibidores de señal para evitar llamadas desde los penales, en los que de por sí debería haberlos porque está prohibido el uso de los teléfonos celulares y es vox populli, desde hace años, que desde ahí llaman a las personas para extorsionarlas.
Por otra parte, en su intervención el secretario Durazo confirmó las cifras dadas a conocer por el gobernador Héctor Astudillo recientemente con base a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública que indican una baja del 30.7 por ciento en los homicidios en el estado de Guerrero.
Reconoció que es difícil decirlo cuando aún suceden algunos hechos de alto impacto pero que no deben hacer olvidar una visión de conjunto.
En ese conjunto el estado ha pasado de ser el segundo al séptimo lugar nacional en homicidios dolosos y del cuarto al décimo en secuestros. Nada que enorgullezca pero no hay retrocesos, ni estancamientos, ni se trata de una versión única si no que hay coincidencia entre federación y estado que también trabajan con otro chip, el de la coordinación.